Es muy significativo que haya habido que esperar a abril del año 2016 para ver un informe completo en el que se audite qué fue de aquellos 2.800 millones de inversiones estatutarias que el Estado tendría que haber hecho entre 2008 y 2014. El hecho delata precisamente una falta de control sobre la que advierte la propia Sindicatura de Comptes, que habla exactamente de "falta de coordinación en el control y seguimiento de la ejecución de los convenios" entre el Govern y el Estado. Prueba de ello, dicen, son las diferencias detectadas entre los datos que les transmiten los diferentes departamentos de gestión y los que se reflejan después en la contabilidad autonómica. Por ello dos de sus recomendaciones finales aluden a la necesidad, por un lado, de que el Estado designe un interlocutor único con el que tratar la utilización de los fondos y los criterios con los que se justifica el gasto, y por otro, aconsejan al Govern que a su vez centralice en órgano el seguimiento de la ejecución de las inversiones.
Desvío de inversiones
Aunque en cualquier caso el seguimiento sería complejo en una comunidad que ha desviado sistemáticamente los fondos enviados por el Estado para inversiones concretas. "Como consecuencia de la crisis, se han hecho servir los fondos finalistas recibidos para atender el pago de gastos diversos. La falta de liquidez de la comunidad en los últimos años ha dificultado la realización de inversiones ", certifica la Sindicatura. Es decir, llega para hacer obras en Platja de Palma y acababa pagando nóminas, con lo que luego el Estado exigía que se justificase el gasto y no se podía, porque el gasto no se había hecho en lo que tocaba. Y con esa excusa, el Estado ha dejado de mandar decenas de millones.
