El desalojo del PP del poder aceleró las peticiones para legalizar en rústico

La mitad de las solicitudes para regularizar construcciones ilegales en 2015 se concentró de mayo a julio

14.01.2016 | 01:52

Las cifras

  • 1.015: Solicitudes en 2015 para legalizar construcciones en suelo rústico

    En Mallorca el año pasado se registraron en Balears 1.647 solicitudes para legalizar edificaciones en rústico, de las que 1.015 corresponden a Mallorca. Casi la mitad (791, el 48%) se concentraron entre mayo y junio, coincidiendo con las elecciones y la formación del nuevo Govern.

El cambio de color político en Balears de 2015 disparó las solicitudes para regularizar construcciones ilegales en suelo rústico. De las 1.647 peticiones de legalización del año pasado, casi la mitad (791, el 48%) se concentró en los tres meses de las elecciones y formación del Ejecutivo entrante de PSOE y Més, lo que se explica por el temor de los infractores a que la llegada del nuevo gobierno de izquierdas acabara con la amnistía para ellos aprobada por el PP de Biel Company y José Ramón Bauzá.
La amnistía en rústico se aprobó en marzo de 2014 con la mayoría absoluta del PP, en medio de una fuerte polémica. Tras la publicación ayer en el BOIB del nuevo decreto ley de medidas urgentes en materia urbanística aprobado por el nuevo Govern del Pacto, se da carpetazo a la misma.
Durante el periodo que ha estado vigente se han acogido a esta regularización extraordinaria 2.112 edificaciones ilegales en la Comunidad, según los datos oficiales del Ejecutivo. En el año 2014 fueron 452, de las cuales 270 correspondieron a Mallorca. En 2015 las peticiones fueron 1.647, la gran mayoría de las cuales (1.015) en la isla. Hay una notable disparidad por meses; así, en enero solo 64 infractores urbanísticos pidieron legalizar sus edificaciones en el campo, cifra que subió a las 147 en abril y ya se disparó en mayo (235), coincidiendo con las elecciones autonómicas. La tendencia al alza continuó en junio (216) y alcanzó su cénit en julio (340), durante las negociaciones entre PSOE, Més y Podemos para configurar el nuevo gobierno de socialistas y ecosoberanistas que desaló a Bauzá del Consolat.
A partir de agosto las solicitudes iniciaron un descenso (54), que continuó en septiembre (89) y noviembre (98). En diciembre, cuando terminaba de fraguarse el decreto ley, se produjo un pequeño repunte, hasta alcanzar las 132. En los pocos días del presente año ha habido 13 peticiones, de las que 9 son en Mallorca.
Ayer el promotor de la amnistía, el exconseller del PP Biel Company, censuró su retirada por parte del Pacto. Defendió que gracias a su medida –recalcó que no le gusta el concepto de amnistía urbanística–, los Ayuntamientos han obtenido ingresos por valor "de más de 33 millones de euros que han tenido que pagar esta gente", en alusión a los infractores.
Company se preguntó en voz alta "¿qué hará el nuevo Govern con las casas de hace más de 8 años que ya no se pueden derribar con la legislación en la mano?", y criticó a PSOE, Més y Podemos por no dar una solución al "problema" de las construcciones ilegales en las islas cuyo delito ya ha prescrito, y que se localizan "como setas".
El exconseller rechazó dar una cifra aproximada de estas edificaciones en suelo rústico. "No sé de dónde salían aquellos cálculos en su día de 20 o 25.000 viviendas", dijo. El actual conseller de Territorio, el socialista Joan Boned, tras la aprobación del nuevo decreto ley cuantificó en unas 30.000 los inmuebles sin legalizar en Balears.

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