El ciudadano de las islas se queda tan pancho al escuchar a Francina Armengol decir que la deuda pública de la comunidad asciende a 8.995 millones de euros, sumando las facturas de los cajones a las cifras que figuran en las cuentas de Montoro. El objetivo de este artículo es aterrorizarle. Existen motivos reales para el pánico. Personalicemos la cifra. Si mañana decidimos cancelar nuestro pasivo, usted y yo tendremos que pagar 8.155 euros por barba. Si en su familia conviven su esposa, dos hijos y la abuela, la cantidad se eleva a 40.775 euros. No importa si sus vástagos aún van a la guardería, si su mujer o usted están en el paro o si su santa madre cobra una pensión de viudedad de 400 euros.
Más de nueve de cada diez de estos euros se marcharán directamente a recompensar a las entidades que nos han prestado dinero. Otra pequeña parte cubrirá las facturas que están dentro de un cajón. Sería necesario renunciar a un tercio de toda la riqueza que produce Balears en un año para dejar nuestro contador a cero. Eso sin tener en cuenta que, a continuación vendrían su ayuntamiento y el Estado a pasarle la factura de su endeudamiento.
¿Soportaría usted que cada día cuando se dispone a comprar el pan, la panadera le recordara que le debe diez de las 30 barras que consumió el mes pasado? Pues esta es, solo que a lo bestia, nuestra situación. No es que otras comunidades autónomas estén para echar cohetes, pero los valencianos, que nos siguen en la clasificación, pagarían 600 euros menos por cabeza. Los catalanes están por encima de nosotros, y cada uno de ellos debe 8.720 euros. En cambio, los andaluces se rascarían bastante menos el bolsillo -3.461 euros-. Los canarios y extremeños, que tanto quieren a Miquel Ensenyat, nuestro lenguaraz presidente del Consell de Mallorca, solo 3.200.
Cuando uno está endeudado hasta las cejas solo tiene dos formas de reducir el principal para evitar que los intereses sigan multiplicándose: incrementar los ingresos o reducir los gastos. También se puede declarar la quiebra o que los bancos acepten una quita, pero, vaya usted al saber por qué, en la Unión Europea se les atragantan el caviar y el Moët Chandon cuando alguien plantea esta posibilidad.
La izquierda suele ser quien apuesta por subir los impuestos en una situación de crecimiento de la deuda. La derecha prefiere los recortes en los servicios públicos. En la práctica abunda más la palabrería que los hechos. La única certeza es que ni una ni otra fórmula han solucionado el problema en Balears. La regla, confirmada empíricamente, es que cada legislatura al menos se duplica el endeudamiento. Lo confirman los números del gráfico adjunto.
Corría el año 1995 cuando Gabriel Cañellas fue defenestrado por José María Aznar. L'Amo legó primero a Cristòfol Soler y después a Jaume Matas un pasivo de 351 millones, que suponían el 3,3% del PIB. Cuatro años después llegó al Consolat Francesc Antich y el endeudamiento ya era de 449 millones. Matas abandonó con desgana el ministerio de Medio Ambiente en 2003 para volver a gobernar las islas y se encontró con que el primer Pacto de Progreso ya debía 858 millones (el 4,4% del PIB). Cuando en 2007 Jaume Matas cedió de nuevo el Govern a Antich, ya andábamos por los 1.798 millones (el 6,9% del PIB). La izquierda y UM vivieron una legislatura convulsa en lo político y en lo económico. La herencia que dejaron a Bauzá fue de 4.774 millones (18,20% del PIB). Resulta evidente que la política de recortes tampoco ha funcionado durante los cuatro años de Bauzá cuando descubrimos que su legado es de menos 9.000 millones.
¿Hay alguien capaz de frenar el caballo desbocado de la deuda pública? ¿Algún político se atreve a explicar que resulta imposible cumplir todo lo que alegremente se promete? ¿Bastaría una mejora de la financiación autonómica? Sinceramente, si por un delirio colectivo alguien me dijera que debo asumir la presidencia del Govern, mi primera decisión sería renunciar ante notario a la herencia... y la segunda, dimitir.
