El Tribunal Supremo ha amparado a un médico mallorquín que no quería retirarse forzosamente a los 65 años, como pretendía el Ibsalut, sino que deseaba prolongar su vida profesional hasta los 70.
El protagonista de este caso es un especialista en tocología de Son Espases que meses antes de cumplir 65 años, una edad que alcanzó en junio del 2011, pidió al Ibsalut poder seguir ejerciendo su profesión en su mismo puesto de trabajo.
La respuesta de la conselleria de Salut fue escueta: el médico tenía que jubilarse a los 65 años porque así lo dictamina la ley que regula al personal de la sanidad pública española.
El tocólogo, representado por Juan Mir Ramonell, no se conformó con esa negativa y decidió pleitear para poder seguir en activo.
En plenas condiciones
La interpretación literal de la norma da la razón al Ibsalut: la jubilación forzosa del personal sanitario público se hará "al cumplir el interesado los 65 años". Sin embargo, la Ley deja un resquicio para aquellos profesionales que deseen prorrogar su servicio activo hasta los 70 años, "como máximo"
Los requisitos para eludir la jubilación forzosa son dos: que el solicitante reúna las condiciones necesarias para seguir ejerciendo y que el servicio de salud correspondiente, en el caso de Balears el Ibsalut, lo autorice en función de sus necesidades organizativas y de personal.
Dos sentencias, la más reciente del Tribunal Supremo y la más antigua del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), han dado la razón al ginecólogo de Son Espases en su afán por no retirarse a los 65 y continuar ejerciendo la medicina unos años más.
Los dos fallos insisten en la misma argumentación: el personal de la sanidad pública tiene un derecho a prorrogar su vida activa, pero no se trata de una prerrogativa absoluta, si no que está condicionada al cumplimiento de los requisitos antes citados.
Plan de Recursos Humanos
Pero la Administración, según han dictaminado los tribunales, no tiene las manos libres a la hora de decidir si aprueba un aplazamiento en la jubilación forzosa o lo rechaza.
El instrumento para fundamentar adecuadamente si se admiten cinco años más de vida profesional es el llamado Plan de Ordenación de Recursos Humanos. El objetivo de ese plan es muy ambicioso: "la planificación global de los recursos humanos dentro del servicio de salud; la determinación de los objetivos a cumplir en materia de personal y la fijación de los efectivos y estructura laboral para cumplir esos fines".
Dos planes anulados
El problema para el Govern, destacan las sentencias, ha venido de que dos Planes de Recursos Humanos (los aprobados en 2009 y 2010) han sido tumbados por los tribunales, debido a otros tantos recursos.
Las consecuencias de esa ausencia de normativa a la que agarrarse para regular los medios humanos de la sanidad pública, han sido las sentencias favorables a los médicos u otro personal estatutario que no quería retirarse a los 65.
El Tribunal Supremo define la situación de una manera muy plástica: "efecto cascada".
"Es decir que tras la anulación de los Planes de Recursos Humanos por el Tribunal Superior de Justicia de Balears quedan anuladas cuantas normas de desarrollo y actos administrativos se amparen en aquel", dice el fallo.
El tocólogo demandante reclamó también que el Ibsalut fuera condenado a pagarle las diferencias salariales entre lo que ha percibido como jubilado y su sueldo en activo, en el tiempo que transcurra hasta que la sentencia a su favor se ejecute.
El fallo del Tribunal Supremo no especifica si el Ibsalut aceptó la reincorporación del demandante a su plaza en Son Espases tras la primera sentencia, dictada en noviembre del 2013.
El Alto Tribunal, no obstante, introduce un matiz, que ya fue incluido por el TSJB, el médico podrá seguir ejerciendo siempre que un nuevo Plan de Recursos Humanos no diga lo contrario.
