El juez Castro ha aceptado la tarea de investigar hasta el fondo si el proceso de adjudicación de la obra del hospital de Son Espases, el mayor proyecto público desarrollado en Balears, estuvo amañado, como sostiene el fiscal Pedro Horrach. Y por ello, el magistrado ha aceptado a trámite la querella que la pasada semana presentó la fiscalía Anticorrupción de Balears, en la que incluye los nombres de las ocho personas que supuestamente intervinieron en este amaño. El juez ha imputado a todos los personajes que se citan en la querella, entre los que destaca el expresidente del Govern, Jaume Matas, y los cita a declarar, todos ellos como imputados, para el próximo mes de septiembre. Antes de que declaren, el juez también quiere conocer los nombres de los integrantes del Consell Consultiu de Balears, que en el mes de agosto de 2006 intervinieron en un dictamen, solicitado por el Govern, sobre el proceso de adjudicación de la obra pública.
Esta querella, por reparto, ha recaído casualmente en el juzgado del magistrado que se ha destacado por su incansable lucha contra la corrupción en Balears. Por ello, a pesar de la envergadura de la investigación, no existía la menor duda de que el juez iba a aceptar la querella del fiscal e iniciaría de inmediato las diligencias para conocer de qué forma el Govern Matas, supuestamente, amañó el concurso para adjudicar la obra a una determinada constructora. El magistrado ha señalado las primeras declaraciones para el próximo día 1 de septiembre. La primera que responderá a las preguntas del fiscal y del juez será la antigua consellera de Salut del Govern. Aina Castillo, que también está imputada en el denominado caso Over, decidió hace un año colaborar con la fiscalía para evitar su ingreso en prisión. Una colaboración que se convertirá en una prueba clave para este caso. Castillo reconoció que el concurso público para elegir la empresa constructora no fue transparente. Al contrario, fue un amaño. Se manipuló a los técnicos para que dieran una mayor puntuación al proyecto que presentó la empresa de Villar Mir, porque así lo había ordenado Matas. Castillo detalló que el president le entregó en mano, tras citarla en un gimnasio de Palma, un sobre con las especificaciones técnicas que debían valorar con mayor puntuación los integrantes de la mesa de contratación. Sin embargo, el proyecto de Jaume Matas se frustró cuando, el día previo a que se diera a conocer el nombre de la empresa ganadora del concurso, ya apareció la adjudicación en la prensa. El president ordenó que se suspendiera la reunión prevista de la mesa de contratación. Con la excusa de que se buscaba una mayor transparencia en esta adjudicación, se solicitó un informe al Consell Consultiu y al Colegio de Economistas. Finalmente, la mesa de contratación cambió de criterio y se rechazó la oferta de OHL, eligiendo el proyecto que había presentado el empresario Florentino Pérez.
La versión de Castillo ha sido corroborada en todos sus extremos por Sergio Bertrán, el entonces director general de IbSalut, que se encargó de transmitir las órdenes que recibía de sus superiores para amañar el concurso público. Bertrán tendrá que comparecer ante el juez el próximo día 1 de septiembre, después de Castillo.
Precisamente la declaración de estos dos imputados será clave para dirigir el interrogatorio al que será sometido el expresident Matas. El juez le ha citado para el próximo día 16 y declarará como imputado. Matas ya recibió la visita del fiscal Horrach en la cárcel de Segovia, donde estuvo cumpliendo condena, y prefirió guardar silencio. Y tampoco quiso contestar a las preguntas en su comparecencia parlamentaria, excusándose en que se trataba de un caso que estaba bajo una investigación judicial. No se descarta que Matas pueda repetir de nuevo la estrategia de guardar silencio y no aclare, como asegura la consellera Castillo, que diera órdenes para que se amañara el concurso y se eligiera a la empresa que él había decidido. Una elección que, según creen los investigadores, aunque de momento no se ha demostrado, vino precedida por el pago de comisiones. El juez pretende aclarar si Matas fue quien tripuló este manipulado proceso de adjudicación.
Antes de Matas, declarará el ejecutivo de la empresa Global PM, Jesús Peinado, que fue contratada para que valorara las ofertas. Esta contratación también fue amañada. Peinado ha confesado que recibió instrucciones del Govern para dar una mayor puntuación a la oferta de la constructora OHL.
