El pleno del Parlament aprobó ayer la primera Ley del Suelo de Balears con los únicos votos del PP y del expopular y actual vicepresidente del PI, Antoni Pastor, tras un largo debate en el que la oposición lanzó duras críticas a esta normativa. La cuestión que PSOE y Més rechazaron con más contundencia fue la de la "amnistía" para construcciones ilegales en suelo rústico en las que el delito ya ha prescrito. Salvo en algunos artículos en los que optó por la abstención, la oposición votó en contra de una Ley que "nace sin consenso" y, según el socialista Jaume Carbonero, "está llena de vacíos".
Así, entre sus principales críticas Carbonero resaltó que en el texto no se regula el suelo rústico salvo para legalizar las construcciones cuyo delito haya prescrito, además de "no solucionar el problema de los falsos urbanos" o de "consolidar las urbanizaciones sin alcantarillado", a lo que sumó que con esta Ley será posible urbanizar Muleta. David Abril, de Més, se expresó en el mismo sentido y sostuvo que con el Govern de José Ramón Bauzá "se ha vuelto a perder el sentido común" en lo que se refiere a la protección territorial.
"Se ha perdido una oportunidad", afirmó Abril, una opinión que también mostró Antoni Pastor quien, no obstante, votó a favor de la Ley al considerar que es "positivo" contar con una normativa en este ámbito. La ibicenca Margalida Font sostuvo que esta Ley no solucionará los problemas que tiene Balears en este ámbito sino que los empeorará, ya que se trata de una norma "desarrollista" y "depredadora" del territorio.
Frente a ellos, el conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Biel Company, rechazó las críticas y sostuvo que la Ley es "un texto muy consensuado" con la sociedad civil, a la vez que consideró que la aceptación de un elevado porcentaje de las enmiendas del PSOE y Més, durante su debate en ponencia y comisión, demuestran que la oposición tampoco tiene una postura tan frontal al conjunto de la Ley como la que planteaban ayer. No obstante, reconoció que hay cuestiones de relevancia en las que no ha sido posible el consenso, entre ellas las que se refieren a la legalización en suelo rústico.
Rechazó que se trate de una amnistía para las infracciones en suelo rústico, sino la respuesta a la realidad de la existencia de edificaciones ilegales que no se pueden demoler porque el delito ya ha prescrito. "Son sitios donde viven familias desde hace años con servicios urbanísticos deficientes", dijo Company quien afirmó que "no tiene sentido dejarlos al margen de la legalidad" ya que "guste o no, estas edificaciones existen" y no regularizarlas sería "mirar hacia otro lado".
Junto a ello, resaltó que la Ley del Suelo supondrá un "marco jurídico que beneficiará a la sociedad", con una regulación del suelo "sostenible, no solo en el aspecto medioambiental, sino también económico y social". Según Company, la Ley plantea un "urbanismo riguroso que responda a las demandas de la sociedad", a la vez que dará nuevas herramientas a los consells insulars y ayuntamientos para que los planes generales "no sean papel mojado".
La diputada popular Virtudes Marí se expresó en el mismo sentido que Company y, ante la petición de la oposición al PP para que "reflexionara" y no aprobara una ley sin consenso, afirmó que "después de dos años reflexionando, la obligación es adoptar una decisión, ya que si en este tiempo no se ha logrado" un acuerdo con PSOE y Més, "no se va a conseguir".
El debate fue seguido en la zona de invitados por la portavoz del GOB, Margalida Ramis, quien en los pasillos del Parlament criticó esta Ley que "favorece más crecimiento" y afirmó que con ella "el PP se convierte en cómplice del urbanismo ilegal y corrupto que persigue la Justicia" al amnistiar ilegalidades en suelo rústico.
