El alcalde de Porreres acudió hace unas semanas al juzgado de Palma para defenderse de graves acusaciones. Anticorrupción le imputa, inicialmente, los delitos de malversación de dinero público, prevaricación y fraude a la administración. El fiscal defendía que el Ayuntamiento, en vez de aplicar el dinero público que recibió por un proyecto de artes escénicas, lo que hizo fue dedicar una parte de la subvención a la financiación de las obras de construcción. El convenio entre la conselleria de Turismo y el Ayuntamiento se firmó en el año 2008, pero en el expediente de justificación de gastos se entregaron facturas que correspondían a los dos años anteriores.

Bauzá defendió su inocencia y aclaró a la juez que él no vivía del sueldo de alcalde, y sostuvo que era muy escrupuloso en la administración del dinero público.

El primer edil de la localidad negó que una parte del dinero público recibido de Inestur lo destinara a la financiación irregular de Unió Mallorquina. También dijo que el convenio le permitía dedicar una parte de la partida económica que había recibido del Govern al pago de antiguas facturas de la constructora del edificio municipal. A su juicio, esta decisión no suponía que se hubiera cometido ningún delito de malversación.

Cuando acudió a declarar, al recordarle al alcalde que no había presentado muchas facturas que justificaran el destino del dinero público que recibió el Ayuntamiento, se comprometió a entregarlas. Sin embargo, esta declaración ante la juez Carmen Abrines se realizó antes de que se descubriera que la misma empresa constructora había realizado las obras de la actual vivienda de Bernat Bauzá y también había acondicionado el auditórium municipal.