La inmensa mayoría de los trabajadores autónomos de Balears no cuenta con ningún tipo de protección en caso de desempleo, ante su decisión de no hacer ninguna aportación a la Seguridad Social para ello. Y algo similar sucede respecto a su futura jubilación, que será baja debido a que el 84% optan por cotizar lo mínimo.

Para intentar dar un giro a esta tendencia, la Seguridad Social ha suscrito convenios de colaboración con las asociaciones de autónomos, según destacó ayer en el Club DIARIO de MALLORCA el máximo responsable de la Tesorería de este organismo público en las islas, Antoni Comas, que estuvo acompañado por el presidente de Apta-Balears, Jaume Sitjar, y por la secretaria ejecutiva de Upta España, Cristina Canet. El objetivo es que ambas partes colaborarán en potenciar un aumento en las cotizaciones para elevar también los derechos del citado colectivo.

Según los datos facilitados por Comas, en el archipiélago hay 77.471 autónomos, y sólo 10.753 han optado por cotizar de forma voluntaria para disponer de cobertura en caso de accidente laboral y enfermedad profesional, a lo que se ha sumado también desde finales del pasado año la posibilidad de percibir una ayuda económica en caso de encontrarse en una situación de desempleo. Una vez concluido el primer plazo para adherirse a esta última posibilidad –que apenas ha tenido repercusión entre este colectivo profesional–, ahora se abre un segundo plazo que concluirá en junio.

El director provincial de la Tesorería de la Seguridad Social recordó que el derecho a cobrar esta ayuda por desempleo se consigue si el trabajador acepta abonar el 1,7% de la base que ha elegido para sus cotizaciones (que se suma al porcentaje correspondiente a la cobertura en caso de accidente laboral).

Este porcentaje del 1,7% es apreciablemente inferior al de los trabajadores del Régimen General, que es del 7,05%, aunque también conlleva el que la ayuda que se consigue es inferior. Así, si un asalariado del régimen general cotiza durante 12 meses, consigue tener derecho a cobrar cuatro de paro. En el caso de los autónomos, son dos meses de cobertura por 12 cotizados, aunque la proporción se eleva a partir de los 60 años si se ha cotizado 18 meses o más.

Algo similar sucede con las cotizaciones para la futura pensión. En este caso, éstas son obligatorias e implican el pago del 29,3% de la base que se ha elegido. Pero el problema radica en que de los 77.471 autónomos del archipiélago, 65.222 han optado por la base mínima.

Los trabajadores autónomos pueden elegir la base sobre la que se calculará su futura pensión, con un mínimo de 850,2 euros mensuales y un máximo de 3.230, cantidades sobre las que después se aplican los porcentajes antes señalados.

Al optar la mayoría por la cifra mínima, las futuras pensiones también serán las más bajas. Con la advertencia de que la edad máxima para aumentar esa cotización hasta los 1.682,7 euros ha pasado de los 50 a los 48 años con la reforma de las pensiones.