La fiscalía anticorrupción postula en su escrito de acusación contra los millonarios ingleses Christian y Martha Hore y el abogado mallorquín Alejandro Feliu, a los que imputa 15 delitos fiscales en una pieza separada del caso Relámpago, que la compra por los primeros de las posesiones de Son Bunyola perjudicó al Govern, que no pudo pujar por esas emblemáticas fincas (derecho de tanteo y retracto).
Anticorrupción reclama penas de más de 55 años de privación de libertad para cada uno de los tres acusados y sendas fianzas de 200 millones de euros de cara a las posibles responsabilidades pecuniarias del caso.
Los fiscales atribuyen al matrimonio, y al que fuera su abogado en Mallorca, el empleo de sociedades pantalla para ocultar la adquisición de las posesiones de Son Bunyola a la Hacienda española y no pagar así elevadas cantidades por distintos impuestos.
El escrito de acusación describe con detalle las numerosas sociedades españolas y de paraísos fiscales que intervinieron en la compraventa de las fincas de Son Bunyola, Son Creus y Son Balaguer, situadas en Banyalbufar y que conforman el conjunto conocido como Son Bunyola. La operación se hizo en 2002 y la fiscalía anticorrupción llega incluso a dudar de que el anterior dueño de los predios fuera el millonario británico Richard Branson.
"Las fincas componían un entramado empresarial cuyo titular era el Grupo Virgin, del que aparentemente el último propietario era el empresario británico Richard Branson", explica el escrito de anticorrupción.
Los fiscales argumentan que, frente a la maraña de empresas pantalla, procede aplicar la doctrina jurídica del "levantamiento del velo" e identificar a los verdaderos implicados en las compraventas. Según los acusadores públicos, fueron Christian Hore y su asesor Alejandro Feliu los que diseñaron todos los pasos de la operación y destinados a evadir el pago de los impuestos. Esos mismos métodos fueron empleados en la adquisición de otros inmuebles y de un barco de lujo en Mallorca.
Según anticorrupción, Son Bunyola está ubicada en un área natural de especial protección (un ANEI), protegida por la Ley de Espacios Naturales. Esta catalogación de las posesiones conllevaba el derecho del Govern a ejercer, en caso de su transmisión, el derecho de tanteo y retracto, es decir la facultad de pujar por ellas en las mismas condiciones que el comprador.
Las compraventas se incluyeron como adquisiciones de sociedades y participaciones lo que perjudicó al Govern, resume la fiscalía anticorrupción.
