El Govern ha aprobado hoy dos decretos ley para ampliar de dos a cuatro años la suspensión de las licencias urbanísticas mientras los municipios tramitan su planeamiento y permitir a los ayuntamientos que concedan licencias de alcantarillado a viviendas de urbanizaciones que no lo tengan.
Estos dos decretos de las consellerias de Medio Ambiente y Movilidad y Ordenación del Territorio han sido presentados por la portavoz del ejecutivo, Joana Barceló, tras la reunión semanal del Consell de Govern, que también ha dado luz verde a ampliar con 100.000 euros el plan de renovación de vehículos y a varias subvenciones.
Uno de los decretos aprobado hoy es el de "medidas relativas al servicio público de viajeros por carretera y otras disposiciones en materia urbanística", que, además de ampliar la suspensión de licencias municipales, regula las prórrogas de las concesiones de líneas de autobuses interurbanos de acuerdo con la normativa europea y efectúa una nueva delimitación de las tres iglesias de Formentera declaradas Bien de Interés Cultura.
Según ha explicado Barceló, la posibilidad de ampliar el plazo de suspensión de las licencias derivadas del planeamiento tendrá que esta "justificada" por los ayuntamientos y siempre que vayan realizando las fases de aprobación de la nueva normativa urbanística "de forma diligente".
Esta ampliación se hará de forma "escalonada", es decir, no podrá ser de cuatro años en un principio, y permitirá que el cambio de modelo de los municipios "no quede en entredicho", al ser una "garantía jurídica" para los consistorios de hacerlo sin problemas de tiempo.
El régimen actual permite suspender hasta un máximo de dos años estas licencias, un plazo que, según el Govern, se ha demostrado "especialmente corto y se agrava por la aplicación de las legislaciones sectoriales y ambientales, que van aumentando en complejidad".
En cuanto a las licencias de autobuses, establece que "no son automáticas", sino que están condicionadas a un plan de mejoras de la concesión y en caso contrario no se prorrogarán, mientras que respecto a los bienes de Formentera, el decreto autoriza el planeamiento de la isla para que se efectúe una nueva delimitación de los conjuntos de las iglesias de El Pilar, Sant Francesc y Sant Ferran.
El otro decreto es el denominado "de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y medio ambiente", el cual permite la habilitación de alcantarillado en urbanizaciones sin él, insta al Consell de Ibiza a redactar un plan especial para la zona de Sa Coma y declara de utilidad pública la ocupación del camino de S'Esclusa, en Menorca.
Respecto al alcantarillado, establece una "situación de excepcionalidad" por dos años, mediante la cual los propietarios de una vivienda unifamiliar de zonas urbanas o urbanizables pueden pedir la licencia de edificación sin contar con este servicio básico, aunque las casas deben contar con fosa séptica.
Las condiciones para conceder la licencia son la necesidad de avalar el coste de la instalación y la aprobación por parte del ayuntamiento, durante el primer año, de un proyecto de dotación de servicios para las urbanizaciones sin alcantarillado, así como la ejecución de este servicio durante el segundo año.
En otro orden de cosas, el Govern ha ampliado con 100.000 euros el Plan 2000E de renovación de vehículos, que permitirá aumentar de 3.600 a 3.800 el número de coches cuya compra se subvencionará.
El ejecutivo también ha dado luz verde a la concesión de 1 millón al IMFOF para contratar 140 jóvenes de Palma, y de 502.157 euros para el IBANAT, que contratará a 75 parados durante tres meses de manera que puedan acceder a la prestación por desempleo.
Otras de las subvenciones aprobadas hoy son 234.000 euros a la asociación Amadip, que contratará a 15 personas discapacitadas, y de 208.000 euros al Ayuntamiento de Palma para garantizar el funcionamiento de las guarderías públicas.
En el turno de preguntas e inquirida acerca de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán y la posibilidad de que en Baleares se hagan consultas soberanistas, Barceló ha respondido que "políticamente, valdrá la pena" leer la decisión del Tribunal, aunque ha dicho que no afectará a Baleares porque en el Estatuto de las islas no se habla del término nación ni de la obligatoriedad del catalán.
En cuanto a las consultas, ha afirmado que el Govern "no es partidario de que se planteen"
