Cinco euros legales y uno ilegal en el bolsillo

F. GUIJARRO. PALMA. Por cada cuatro o cinco euros que las islas producen de forma legal, hay que añadir uno más que se genera dentro de la economía sumergida, según las estimaciones del director del Centre de Recerca Econòmica (CRE) de Sa Nostra y la Universitat, Antoni Riera, el cual advierte que las situaciones de crisis van acompañadas de un aumento de las irregularidades en tres campos básicos: el laboral, el fiscal y el medioambiental.
Según Riera, la caída de los ingresos lleva a las empresas a buscar una reducción de sus costes. Teóricamente, la mejor forma de alcanzar este objetivo sería la de buscar una mayor eficiencia, lo que además supondría colocarse en una mejor situación de cara a la futura reactivación económica. El problema radica en que muchos optan por la vía fácil y rápida, es decir, se consigue la reducción de costes por el camino del fraude, ya sea mediante la contratación de trabajadores que no son dados de alta para evitar el pago de cotizaciones o con la ocultación de ingresos al fisco. Pero Antoni Riera señala que también se recurre al recorte de los desembolsos necesarios para proteger el medio ambiente de las islas, y uno de los ejemplos más claros de ello es el incremento de los vertidos ilegales de escombros.
Sin embargo, el director del CRE pone especial énfasis a la hora de señalar los riesgos de esta estrategia: "Es como tomarse gelocatiles ante un constante dolor de cabeza sin llegar a estudiar cual es la causa de ese dolor para combatirla. Nos va a provocar un alivio coyuntural, pero a la larga nos terminará matando el tumor cerebral"
El secretario de Acción Sindical de UGT en las islas, Manuel Pelarda, coincide en destacar la proliferación de la "economía golfa" de la mano de la crisis, y destaca que algunas empresas llegan al extremo de despedir a trabajadores para luego volver a incorporarlos a la plantilla pero de forma irregular.

Focos de irregularidades

Según Pelarda, los principales focos de las irregularidades laborales se encuentran en Balears en la construcción y la restauración. En el primer caso, señala que en algunas obras de pequeño tamaño se puede llegar a dar el caso de que ni uno solo de los trabajadores este dado de alta. Pero también señala el caso de bares, restaurantes y discotecas que refuerzan sus plantillas durante la temporada turística o en los fines de semana sin darlos de alta, en algunos casos con personas que están cobrando alguna prestación por desempleo, lo que considera especialmente grave.
Pero Pelarda advierte que el problema va más allá, y apunta que también son comunes los casos de contratación irregular en los sectores de la limpieza, profesorado de academias, peluquerías, locutorios, comercios de bajo coste o incluso entre el colectivo de futbolistas profesionales de tercera división. Y prueba de ello es que todas estas actividades aparecen en el plan de inspección laboral que se aprobó para el presente ejercicio.
El representante de UGT-Balears indica que el fuerte aumento del paro que se ha dado en el archipiélago hace que muchas personas tengan que recurrir a la economía sumergida para poder salir adelante, de ahí que en los sindicatos se tenga la certeza de que el previsible aumento en el volumen del desempleo de los próximos meses vaya ir acompañado de la correspondiente evolución al alza en el volumen de la economía sumergida.
Las organizaciones empresariales se suman a la reivindicación de que se intensifique la lucha contra ese tipo de fraude. El director general de la asociación balear de constructores, Manuel Gómez, recuerda que su patronal lleva más de un año reclamando un aumento de las inspecciones, ante la proliferación en este sector de empresas que recurren a la contratación irregular para abaratar sus precios y plantear así una competencia desleal contra aquellas que están haciendo esfuerzos para mantener sus plantillas sin recortes y dentro de la legalidad.
Manuel Gómez lamentó que en muchos casos se opte por recurrir a la oferta más barata sin tener en cuenta la situación legal de la empresa que se contrata, pese a los problemas que luego se pueden registrar respecto a la baja calidad del trabajo realizado o incluso a la falta de medidas de seguridad con que éste se realiza.