La presidenta del PP balear, Rosa Estarás, registró ayer en la Delegación del Gobierno en las islas la solicitud para que se cree "con la máxima celeridad" una comisión de investigación en el Ministerio de Interior y en la propia Delegación para aclarar el "trato inhumano" que recibieron los cinco detenidos en el marco del caso Palma Arena, y "depurar hasta las últimas consecuencias las responsabilidades que pueda haber".

En el escrito al delegado, el socialista Ramon Socías, Estarás denuncia con especial significación la actuación policial que se dispensó al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafael Durán, ya que, desde que se negó a declarar ante los agentes, manifestando su voluntad de hacerlo solo ante el juez, "su situación empeoró hasta que se agotó el plazo de reclusión máximo permitido", es decir, 72 horas. Además, la presidenta del partido en la oposición se pregunta por qué Durán fue trasladado hasta el Juzgado de Vía Alemania esposado "derecha con derecha" y en condiciones "destinadas a los delincuentes más peligrosos".

Igualmente, Estarás quiere saber cuáles son los motivos por los que se "conculcó" la orden del delegado del Gobierno, quien pidió que no se esposara a los cinco detenidos y "evitar un espectáculo mediático".

Paralelamente, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ignacio Cosidó, registró cinco preguntas para que sean contestadas por el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, al que acusó de estar buscando "un cabeza de turco" entre la Policía "con el que tapar su responsabilidad en la operación de acoso al Partido Popular organizada desde el Gobierno".

El diputado popular acusó a Rubalcaba de estar detrás del "safari fotográfico" que a su juicio se organizó con los cargos del PP arrestados.

Toda esta polémica ha servido también para unir al Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Confederación Española de Policía (CEP) y la Unión Federal de Policía (UFP), que ayer reclamaron conjuntamente una reunión urgente con el delegado del Gobierno. Ramón Socías afirmó a los periodistas que les recibirá cuando su agenda se lo permita.

El UPF fue el último de los tres en hacer una encendida defensa de los agentes que trasladaron a los detenidos el PP, y se preguntó con cinismo "por qué no hacen una Ley específica para políticos y sus amigos que diga que no deben ingresar en calabozos ni ser esposados". El sindicato rehúsa la politización de este asunto: "Unos y otros se irán, pero la Policía seguirá aquí, al servicio del pueblo".