Una de las líneas principales de investigación del llamado caso Plan Territorial de Mallorca (PTM) trata de esclarecer si en una reunión de alto nivel entre dirigentes de UM y PP, que en la pasada legislatura gobernaron el Consell insular y el Govern balear, se diseñaron las líneas principales de las áreas de reconversión territorial (ART), la vía para los presuntos pelotazos. En este encuentro habrían participado Rosa Estarás y Jaume Font, por pare del PP, y Bartomeu Vicens, Miquel Nadal y Miquel Àngel Grimalt, por UM. De momento sólo Vicens y unos ocho grandes promotores inmobiliarios figuran como imputados en las diligencias.

La fiscalía anticorrupción recuerda que el PTM se aprobó, en fecha 13 de diciembre del 2004, por el pleno del Consell de Mallorca con los votos de los representantes del PP y UM. El instrumento de planificación territorial contenía unas fórmulas de trueques urbanísticos que habrían propiciado el supuesto entramado de corrupción político-empresarial de casi 300 millones de euros.

La fiscalía inició sus pesquisas gracias a una primera denuncia contra el PTM formulada por la organización ecologista GOB, que, durante el proceso de elaboración del plan ya advirtió de algunas posibles irregularidades.

En el sumario únicamente figura como imputado Bartolomé Vicens, actual diputado de UM en el Parlament y en la pasada legislatura conseller de Territorio del Consell. El resto de asistentes a la reunión podrían ser llamados a declarar también en calidad de imputados. Estarás era, cuando se urdió el presunto entramado de información privilegiada (principios del 2003 y finales del 2004, según el fiscal), vicepresidenta del Govern por el PP. Jaume Font era conseller de Medio Ambiente y ahora es diputado del PP en el Parlament.

Miquel Nadal era vicepresidente del Consell y hoy es presidente de UM. Grimalt es conseller de Medio Ambiente y cuando se negoció el PTM era el director insular de Urbanismo.

Entre promotores que aparecen como encausados en el sumario destacan Vicenç Grande, presidente también del Real Mallorca club de fútbol; Mateo Sastre, uno de los propietarios de Ibercon; Serratosa y Ferrá Tur, dos empresarios que formaron la UTE ganadora del concurso para la adjudicación de los solares de Can Domenge por el Consell, una operación que también se investiga en los juzgados; y otro empresario apellidado Torres.

Bartolomé Vicens también figura como imputado en el caso Can Domenge y en unas diligencias informativas que Anticorrupción abrió hace meses en torno al polígono industrial de Son Oms.