El juicio por el uso de tarjetas opacas de Caja Madrid, que tendrá que aclarar si el uso que hicieron de ellas 65 exconsejeros y exdirectivos de la entidad, entre ellos los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato, fue o no irregular, comienza en septiembre tras dos años de diligencias.
El escándalo por el uso de las tarjetas fue detectado por la Fiscalía Anticorrupción en un informe, realizado en 2014 a instancias de la auditoría interna de Bankia, en el que señalaba a los que habían dispuesto de unas tarjetas de crédito supuestamente opacas y sin soporte contractual. Bankia-BFA y el FROB ejercen la acusación particular, en tanto que la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), a la que representa el exdiputado de UPyD Andrés Herzog, la acusación popular.
Anticorrupción pide 4,5 y 6 años de cárcel para Rato y Blesa, respectivamente, en tanto que el FROB y la propia Bankia solicitan entre 6 y 10 años de cárcel por posible administración desleal de los exmiembros del consejo.
La CIC, agrupación de asociaciones y sindicatos de las antiguas cajas que preside Gonzalo Postigo, solicita penas de cárcel de diez años para Rato, Blesa y Sánchez Barcoj, y de seis años para los otros 62 procesados.
A lo largo de la instrucción los acusados han expuesto ante el juez variados argumentos para defender su inocencia e intentar demostrar que el uso de las tarjetas no implica delito alguno.
Práctica aceptada
Rato alegó que su uso era una práctica plenamente aceptada cuando accedió al cargo, incluida en su contrato y conocida por Hacienda y por los supervisores.
La entrega y el uso de dichas tarjetas por parte de consejeros y directivos era una práctica "notoria" en Caja Madrid, establecida antes de su llegada a la entidad y en la que el exvicepresidente no tuvo ninguna participación. Blesa traslada a su antecesor en el cargo, Jaime Terceiro, la puesta en marcha de este sistema, con el que se pretendía dignificar la función de los consejeros y compensar sus esfuerzos y dedicación.
