Tras su fusión con Caixabank, se están retirando ya todos sus logos, para ser sustituidos por los de la entidad catalana. Acaba así la historia de una entidad financiera en la que el Estado gastó casi 25.000 millones de euros y la convirtió en 2012 en un banco público. Nueve años después, tras un largo proceso judicial y sin que ese dinero se haya recuperado, Bankia pasa a manos de Caixabank y el Estado se queda con una participación de un 14% de la nueva entidad.