Su actuación provocó que se declarase el primer estado de alarma en nuestro país. Casi diez años después, han sido condenados.Los 131 controladores aéreos que obligaron al cierre del espacio aéreo español tendrán que pagar multas de hasta 31.500 euros. Además, deberán abonar, junto a la entonces AENA, hasta 13 millones de euros a los perjudicados. Se les considera culpables de abandonar el servicio público y llevar a cabo una huelga encubierta durante el puente de diciembre de 2010.
