Un grupo de estudio del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar está recabando las opiniones del cuerpo médico del país sobre la posibilidad de retirar la respiración asistida, transfusiones y medicación a los pacientes de cáncer que se mantengan con vida de forma artificial, si éstos así lo desean.
De todas formas, la hipotética puesta en práctica de esta medida de forma legal puede resultar compleja ya que, según una encuesta, tan sólo un tercio de los hospitales nipones informa a sus pacientes sobre sus esperanzas reales de vida.
La legislación de Japón no se pronuncia específicamente sobre la eutanasia, pero algunos expertos legales especializados en cuestiones médicas han apostado en los últimos años por reconocer la existencia de la eutanasia pasiva (dejar morir) en ciertos casos.
Los jueces, por su parte, sólo entran a considerar la eutanasia si el paciente lo solicita voluntariamente, se encuentra en fase terminal y no puede responder a ningún tratamiento alternativo para aliviar su sufrimiento.
En marzo de 2006 se descubrió que un hospital de Imizu, al oeste de Tokio, había practicado la eutanasia pasiva a siete pacientes de entre 50 y 90 años, al desconectarles los aparatos de respiración asistida.
Según la dirección del centro hospitalario, en todos los casos se contó con la autorización de la familia, pero sin el consentimiento expreso de los enfermos.
Además, se informó sobre otro intento de retirar la asistencia respiratoria a un paciente en estado de coma que fue desestimado por la dirección del hospital al considerarlo "antinatural".
Previamente, en 1998, una doctora de Yokohama, al sur de Tokio, aplicó la eutanasia activa mediante inyección letal a un hombre en estado de coma y fue condenada en 2005 a tres año de prisión y cinco de inhabilitación profesional.
