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Reforma legal

Contra la violencia obstétrica: consentimiento en cesáreas y elección de la posición

Igualdad estudia reformar las prácticas en los paritorios, de forma que los deseos y el bienestar de la mujer sean más respetados

Imagen de un parto.

El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) condenó el año pasado a España a indemnizar a una española, Sandra, que durante su parto sufrió 10 tactos vaginales, lo que probablemente causó la infección que sufrió su bebé. Además, le suministraron oxitocina para inducir las contracciones sin motivo justificado y pidió incorporarse para dar a luz, pero no se le permitió. Como estas prácticas, que en determinadas situaciones la ONU ha bautizado como violencia obstétrica, aún se dan en ocasiones, el CEDAW instó a España a formar a los profesionales y a los jueces para evitar tratamientos injustificados, a realizar estudios que permitan visibilizar la problemática y a requerir consentimiento informado en todos los métodos invasivos, salvo que la vida de la madre o el bebé peligre. Y el Ministerio de Igualdad está estudiando cómo llevar a la práctica estas y otras recomendaciones.

De hecho, un año antes, la Relatora Especial sobre violencia contra la mujer de Naciones Unidas, Dubravka Šimonović, emitió un informe en el que reconoció la existencia de la violencia obstétrica, un término que se utiliza con asiduidad en América Latina pero menos en la UE, aunque el Parlamento Europeo lo ha incluido en la última resolución para la igualdad de género como una de las formas de violencia contra la mujer que “sólo ha salido a la luz en los últimos años”.

La Relatora reclamó a los estados aprobar leyes destinadas a respetar los derechos de las mujeres durante los servicios de salud reproductiva, garantizando la obtención de un consentimiento informado en todas las cesáreas, episiotomías (corte en el perineo) y otros tratamientos invasivos. Asimismo, pidió garantizar el derecho de la parturienta a estar acompañada y “dar respuesta a la falta de anestesia y la imposibilidad de elegir la posición de parto”, entre otras medidas.

La ley catalana

En cumplimiento de estas resoluciones, la reciente reforma de la ley catalana contra la violencia machista incluye la violencia obstétrica y la define como una actuación que “dificulta el acceso a la información veraz, necesaria para la toma de decisiones autónomas” en salud sexual y reproductiva. No regula una nueva actuación en los paritorios e incluye en este capítulo otras situaciones como las esterilizaciones forzadas o el impedimento al aborto.

Y, a nivel nacional, la trasposición aún está pendiente pese a que, los pocos datos disponibles, indican que España es uno de los países europeos con más partos instrumentales (cuando en el momento del expulsivo se requiere algún instrumento). El último informe del Ministerio de Sanidad al respecto indica que el uso de fórcepsamniotomías (romper la bolsa amniótica para acelerar el parto) y las episiotomías en el periodo 2010-2018 descendió, pero los partos inducidos experimentaron un incremento “llamativo”, según el estudio, hasta en el 34% de los casos en los hospitales públicos pese a que el estándar recomendado por la ONU es de 10%. Y las cesáreas tienen lugar en el 36% de los alumbramientos en los hospitales privados y en el 21% de los públicos (datos del 2018), porcentajes que han permanecido estables en la última década, pese a que la recomendación internacional es de un máximo del 15%.

Ante esta situación, la Asociación El Parto es Nuestro, creada en el 2003 para defender una “la modificación en la atención al parto” que permita que “cada mujer pueda elegir, de forma libre e informada, la opción que mejor se acomode a sus expectativas”, se ha dirigido al Ministerio de Igualdad para que transponga los mandatos internacionales y acometa los cambios necesarios en las tramitaciones de ley ‘sí es sí’ contra las violencias sexuales y en la de protección infantil, la llamada ‘ley Rhodes’.

Reforma del aborto

Si bien, el departamento dirigido por Irene Montero prefiere abordarlo en una amplia reforma de la ley del aborto, donde prevé incidir en los derechos reproductivos de las mujeres, incluyendo la gestación subrogada como “explotación reproductiva”. La nueva directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas, ha situado esta reforma entre sus prioridades, si bien, los cambios legales aún están en fase de consultas con la sociedad civil, los profesionales sanitarios y las autonomías. Fuentes de Igualdad informan de que las resoluciones de la ONU servirán como base de la doctrina legal.

Si bien, el camino no es fácil, puesto que la mayor parte del colectivo sanitario rechaza que exista violencia obstétrica. La Asociación Española de Ginecología y Obstetricia no comparte que el Gobierno “apruebe una ley para algo que no existe en el país”. Uno de sus miembros, el doctor Serrano Sánchez, señala que no se oponen a que se firme un consentimiento informado en las cesáreas, siempre que sea posible, pero no lo ve factible en las episiotomías y otras prácticas porque “nunca se sabe si va a ser necesario”.

Aunque muchos hospitales y profesionales han recorrido un largo trecho en el respeto a los deseos y el bienestar de la madre y del niño, “aún hay queda mucho por hacer”, según Ibone Olza, cofundadora de El Parto es Nuestro. Olza explica que no se trata de que los sanitarios acometan un daño premeditado, sino que se mezcla una “tradición de atención muy medicalizada” al parto con una frecuente falta de recursos. “Si una matrona tiene que atender a varias mujeres a la vez, prácticas como deambular por la habitación o que no se use en el famoso potro son más difíciles”.

La pandemia

Y la situación empeoró durante la pandemia, dado que a muchas mujeres no se les permitió estar acompañadas, hacer piel con piel con el bebé o se hicieron cesáreas sólo por el positivo de la madre.

El Parto es Nuestro ha presentado una propuesta legal a Igualdad que contiene los siguientes parámetros: garantiza el consentimiento informado, la revisión de la evidencia científica y que se forme a los profesionales y a los operadores judiciales para desterrar los estereotipos de género. Asimismo, reclama que se dote a los hospitales de recursos suficientes, que las parturientas puedan estar acompañadas, deambular, que reciban alivio para el dolor, que no les hagan prácticas desaconsejadas por la ONU ni les separen de su bebé ni en las ucis.

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