En el año 1999, tras una serie de ataques de perros a personas que habían generado una alarma social, entre los que destacaba especialmente uno que sufrió el hijo de la mediática Ana Obregón y el Conde Lequio, el Gobierno de España decidió poner en marcha la Ley 50/1999 de 23 de diciembre, también conocida como Ley de Perros Potencialmente Peligrosos (PPP) o Ley Obregón.
La ley tenía como objeto reducir el número de ataques a personas y animales por parte de perros. Para ello, la ley marcaba ocho razas (pitbull terrier, staffordshire terrier, american staffordshire terrier, rottweiler, dogo argentino, fila Brasileiro, tosa inu y akita inu) como potencialmente peligrosos. Transcurridos unos años, algunas comunidades autónomas aumentaron la lista con otras razas como el dóberman, el bóxer y el mastín napolitano, entre otras. Las personas que querían tener uno de estos animales debían, y deben, cumplir unos requisitos determinados (seguro de responsabilidad civil, registro en el ayuntamiento de residencia, demostrar que está en plenitud física y mental, etc.).
Además, se definían unas características físicas en el Anexo II de la ley (mandíbula ancha, pecho profundo, aspecto poderoso, etc.) según las cuales, si el perro cumplía la mayoría, también pasaba a ser considerado como un PPP. Además, los perros que hubieran mordido alguna vez también serían considerados PPP, aunque no cumplieran con las características del Anexo II, ni pertenecieran a ninguna de las razas mencionadas.
Sin embargo, como era previsible, transcurridos casi 20 años de la entrada en vigor de la ley, podemos decir que no ha ayudado a reducir ni el número de ataques, ni el número de víctimas mortales, ni la tipología de ataques.
Diferentes estudios actuales, realizados en varios países que tienen o tenían leyes similares, demuestran que no han tenido un efecto positivo y, por este motivo, muchos países han decidido derogarlas o cambiarlas profundamente. Únicamente han conseguido estigmatizar a las razas reguladas.
Los motivos por los que no han funcionado estas leyes son varios. En primer lugar, porque la ley no está basada en el conocimiento científico. Los estudios epidemiológicos demuestran que los ataques de perros se producen con mayor probabilidad entre las razas más populares (especialmente importantes el pastor alemán, el cocker y los mestizos).
Estos ataques suelen producirse con más frecuencia en entornos muy poblados (probablemente en los que hay más interacciones entre personas y perros) y, lo que es más importante, se producen con el propio perro de la familia, dentro de casa y sin interaccionar directamente con el perro. Esto es muy importante, puesto que en ningún momento la ley regula este tipo de mordeduras que, recordemos, son las más frecuentes según los estudios.
En segundo lugar, porque la ley no tiene en cuenta para nada el principal grupo de riesgo de sufrir mordeduras, los niños pequeños. Un niño tiene entre tres y cuatro veces más probabilidades de ser mordido por un perro que un adulto.
En tercer lugar, la ley no contempla puntos muy importantes a la hora de que un perro se vuelva agresivo, como su educación, la manipulación durante las primeras etapas de su vida o su estado de salud.
Finalmente, algunas medidas contempladas en la ley tienen como objeto evitar que el perro vuelva a morder, pero no la primera vez que muerde. Por lo tanto, no tiene un marcado carácter preventivo.
Desde hace años, los colectivos veterinarios han planteado un cambio de ley que tenga en cuenta todos los factores antes mencionados. Esta futura ley, al igual que ya se ha hecho en otros países, no se centraría en la raza como eje para evitar los ataques, sino en el individuo.
Debería incluir medidas para mejorar la cría de cualquier perro, prohibir el uso de técnicas de educación (como el uso de collares eléctricos, de ahorco, etc.), implementar medidas formativas para niños y adultos para que eviten las situaciones de más riesgo, perseguir el intrusismo profesional que perpetúa técnicas y teorías muy antiguas que fomentan la aparición de la agresividad, establecer controles de salud rutinarios para los perros, entre muchas otras medidas.
En resumen, la agresividad canina es un problema complejo y, como tal, para que una ley que tenga como objetivo reducir el número de ataques, requiere de un abordaje amplio basado en el conocimiento científico.
Tomás Camps Morey, director de Etovets
