Turquía ha vuelto a ordenar el cierre de la página de vídeos YouTube, pocos días después de levantar la prohibición, debido a la negativa de la página a retirar videos con contenido ilegal en el país, según ha informado este miércoles la agencia estatal Anatolian.
El acceso a YouTube, propiedad de Google Inc, fue prohibido hace dos años por el Gobierno turco después de que varios usuarios colgasen vídeos en los que se insultaba al fundador de la república, Mustafa Kemal Ataturk.
Un tribunal levantó la prohibición el sábado después de que una compañía con base en Alemania quitase los vídeos a petición de Turquía usando un sistema de copyright diseñado por Google para proteger los derechos del material. YouTube comunicó que había vuelto a instaurar los vídeos, argumentando que dicho material no viola el copyright de los usuarios.
En un último giro, un tribunal de Ankara ordenó a última hora del martes el cierre de la web, esta vez por negarse a retirar un vídeo grabado sin autorización en el que el ex jefe de la oposición aparece en un dormitorio junto con un ayudante.
Los turcos que intentaron entrar en YouTube este miércoles se encontraron otra vez con el mensaje de que la página estaba bloqueada por el Regulador de Telecomunicaciones de Turquía (TIB).
Grupos de Derechos Humanos y asociaciones de control de medios han pedido al país que modifique sus restrictivas leyes sobre internet. Turquía ha justificado el cierre al citar vídeos donde aparece pornografía infantil, insultos a Ataturk y manifestaciones a favor del suicidio.
En junio, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa dijo que la ley de internet en Turquía ha permitido el cierre de 5.000 webs. La prohibición de YouTube ha levantado fuertes críticas, e incluso el presidente Abdullah Gul utilizó su página de Twitter para condenarla, pidiendo a las autoridades que encuentren una solución.
El jefe de asuntos legales de Google Inc dice haber recibido presiones de gobiernos que censuran la red, citando a China y Turquía, y que dicho bloqueo no sólo supone una violación de los Derechos Humanos sino también la restricción del mercado estadounidense
