os gobiernos de Asturias, Galicia, Castilla y León y Cantabria han remitido un escrito al presidente de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el que solicitan la retirada del borrador de la nueva Estrategia para la convivencia de las actividades del medio rural con el lobo y su conservación, que sustituirá a la aprobada en 2018.

Las cuatro comunidades autónomas del Noroeste consideran que el documento tiene una orientación errónea, adolece de falta de rigor técnico y científico y podría vulnerar el régimen competencial establecido, informa el Gobierno asturiano.

Según estas comunidades, el texto elaborado por el Ministerio, una vez más sin el consenso previo con los ejecutivos autonómicos, se ha realizado sin la preceptiva evaluación de las medidas recogidas en la actual estrategia, sin contar con censos actualizados a nivel nacional y sin incorporar la documentación técnica facilitada desde las cuatro regiones que albergan más del 95 por ciento de los lobos de España.

En su opinión, se vulneran otros aspectos fundamentales, como que el propio título del borrador no se ajusta a los objetivos establecidos en la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad para las estrategias de especies amenazadas, o que no consta la autoría del documento, por lo que no se puede acreditar su solvencia técnica y científica. Además, en su contenido se vulnera el régimen competencial actual.

Las cuatro comunidades censuran también que el documento estigmatice al sector ganadero con valoraciones sin rigor que para nada contribuyen rebajar las diferencias y avanzar en la coexistencia con la especie, y que contradicen los datos técnicos y científicos recabados en los planes de gestión de estas regiones, en las que el lobo cuenta con un estado de conservación favorable.

Aplauso de la izquierda, rechazo de la derecha

Aplauso de la izquierda, rechazo de la derecha Asturias, Galicia y Castilla y León y Cantabria ya anunciaron en septiembre la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la orden ministerial que determina la inclusión de todas las poblaciones españolas del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y solicitaron el establecimiento de medidas cautelares con el fin de suspender la eficacia de la norma en tanto se resuelve este procedimiento.

La protección del lobo en toda España (hasta septiembre solo lo estaban las poblaciones existentes al sur del río Duero) obliga a adoptar medidas que han merecido el aplauso de los grupos ecologistas y los partidos de izquierdas, y el rechazo del sector ganadero y las formaciones políticas de derechas.

Entre las medidas más discutidas, la prohibición de la caza y que solo se podrán eliminar aquellos ejemplares que causen daños “recurrentes o significativos” y “demostrados”.

Estos ejemplares, además, solo podrán ser abatidos cuando no exista otra solución satisfactoria; esto es, cuando se hayan aplicado adecuadamente medidas preventivas o de protección del ganado, y estas hayan resultado ineficaces; cuando se justifique que la medida de extracción y captura de ejemplares no afecta negativamente al estado de conservación favorable de la especie, y cuando se demuestre la existencia de perjuicios importantes para el ganado, según recoge la orden ministerial.

La prohibición de cazar lobos ibéricos en cualquier punto de España lleva aparejada para los infractores multas de hasta dos millones de euros o, en caso de incurrir en infracción penal, hasta dos años de prisión.

Además de la caza de lobos, está prohibido también el comercio o intercambio, captura y oferta con fines de venta o intercambio o naturalización no autorizada de ejemplares de la especie.

Sanciones de hasta 2 millones de euros

Sanciones de hasta 2 millones de euros En todos esos casos se incurrirá en una sanción muy grave (de 200.001 a 2.000.000 de euros, con independencia de que las autonomías puedan aumentar el importe) si con esa acción el infractor ha obtenido unos beneficios que superen los 100.000 euros.

Si no se consigue acreditar esos beneficios mínimos, la infracción es grave y la multa oscilará entre 3.001 y 200.000 euros.

Los infractores, en función de la gravedad de la falta o el delito, pueden ser también condenados a penas de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a 24 meses y, en todo caso, a inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cuatro años. La misma infracción penal puede imponerse a quien destruya o altere gravemente el hábitat de la especie.

En el caso de que esa destrucción del hábitat del lobo no alcance la vía penal, se queda en una multa que oscilará entre los 3.001 y los dos millones de euros en función de la gravedad.

La protección del lobo en toda España es consecuencia de la exigencia de la Unión Europea (UE) de mantener a la especie en una “situación favorable”. Ocurre que en la última evaluación sexenal (2013-2018) los técnicos comunitarios concluyeron que el lobo presentaba en España un estado de conservación “desfavorable e inadecuado”.

Estos calificativos fueron los que llevaron a la Asociación para la Conservación y Estudio del Libo Ibérico (ASCEL) a reclamar la protección del lobo en todo el territorio español. Esa demanda es el origen de la decisión ministerial, tras dictaminar en ese sentido el Comité Científico que asesora al Ministerio.

478 científicos respaldan la protección del lobo

478 científicos respaldan la protección del lobo Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), referida a un caso de Finlandia pero que creó jurisprudencia, exige “proteger al lobo también en áreas habitadas”.

El pasado mes de febrero, 478 científicos españoles firmaron un manifiesto a favor de la protección del lobo, de apoyo al dictamen del Comité Científico y de respaldo a la decisión ministerial de proteger a la especie en toda España.

El lobo ibérico es una especie con una importancia extraordinaria para mantener y recuperar el equilibrio y la salud de los ecosistemas de nuestro país, por eso pedimos a todas las administraciones implicadas que trabajen de forma coordinada y constructiva, y basándose siempre en el mejor conocimiento científico disponible, por la protección de esta especie y la coexistencia con la ganadería extensiva y otras actividades tradicionales”, recogieron los científicos en un comunicado.

Las organizaciones ganaderas, por el contrario, auguran que la protección del lobo puede suponer “la puntilla” para el sector y, por extensión, para el mundo rural. Exigen mantener el actual estatus del lobo, que permite su caza y la organización de controles de población en el Noroeste.

Estrategia para la conservación del lobo de 2018: https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/estrategialobo2018_tcm30-197265.pdf

Manifiesto científico sobre el lobo: https://wwfes.awsassets.panda.org/downloads/manifiesto_apoyo_lobo_y_ciencia_23_febrero.pdf

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Foto principal: EFE