España se enfrenta o bien a la necesidad de realizar enormes inversiones con carácter inmediato para mejorar el reciclaje de residuos, o bien a la imposición de fuertes multas desde la Unión Europea. Nuestro país solo recicla el 35% de los residuos y sigue siendo el que más deposita en vertedero en toda Europa.

Hasta 2035, España “debe hacer una inversión de 1.000 millones al año” para lograr el reciclaje del 65% de residuos municipales -como recoge la normativa europea-, explicó este lunes en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico el director de la Fundación Fórum Ambiental, Leandro Barquín.

Barquín, también miembro del consorcio de entidades supramunicipales Esgrem compareció en la Comisión para un debate previo con expertos del anteproyecto de ley de residuos, informa Efe.

Según datos de Eurostat, España tiene el “dudoso honor” de ser el país que más residuos municipales deposita en los vertederos (54%) y solo recicla el 35%, señaló el director de la Fundación Fórum Ambiental al explicar el documento del Esgrem que ha presentado a la Comisión y que ha aclarado “se acordó por todos sus miembros”.

Si no se actúa ahora, “estamos amenazados de multas que serán millonarias«, subrayó Barquín, y ha añadido que “estamos perdiendo oportunidades de generar economía, puestos de trabajo, de ser innovadores y disponer de tecnologías”, además de afectar al clima, porque “una tonelada de metano equivale a 25 toneladas equivalente de dióxido de carbono (CO2) en el vertedero a lo largo de 30 años”.

La clave en las políticas sobre residuos “es la prevención”, según Barquín, pero hay otras que se están practicando en muchos municipios europeos y algunos españoles, como la recogida selectiva de residuos o los instrumentos económicos como es la fiscalidad y la corresponsabilidad de productores y ciudadanos.

Según Barquín, el proyecto de ley presentado por el Gobierno aborda estos factores “con decisión, una prudente valentía y una razonable ambición”.

Sin embargo, según estimaciones de Esgrem, “España necesita hasta 2035 una inversión anual de 1.000 millones de euros si queremos llegar al reciclaje del 65% en ese año y depositar solo el 10% de residuos en vertederos, como lo exige la UE “.

Se necesitan «más instrumentos económicos»

El Gobierno ha anunciado que se dispondrá de 421 millones para este sector con cargo a los presupuestos Next Generation de la Unión Europea, ha señalado el compareciente, y ha explicado que será necesario disponer de otros instrumentos económicos en la futura Ley de Residuos para llegar a los 1.000 millones anuales hasta 2035.

Según Barquín, la efectividad de los impuestos se verá solo si son “finalistas”, algo que no está claro en la ley, y además, “la tasa municipal no es justa”, por lo que es necesario encontrar “un reparto equitativo de los costes entre productores, consumidores, contribuyentes y el mercado de los materiales y la energía.

Y sobre los instrumentos de responsabilidad ampliada del productor, “son instrumentos económicos que persiguen que una parte del coste recaiga en el mercado y se basa en el principio ambiental de que “quien contamina paga”.

Estiman desde Esgrem que se debe reconsiderar a los residuos como el papel no envase, como son libros, diarios, revistas, material de oficina. “Porque Ecoembes, gestor de esos contenedores, solo paga el 40% por la gestión de esos residuos mientras el 60% restante lo hacen las administraciones locales con sus presupuestos”.

Por último, y a pesar de ser un “tema delicado”, piden que se implante la corresponsabilidad al sector textil sanitario que son los pañales y compresas, que representan el 15% total del peso de la fracción resto” de los residuos.

También compareció en la misma comisión parlamentaria Miquel Roset i Sala, director de Retorna, quien reclamó un sistema de retorno de envases para reducir los millones que se generan a diario en España solo de bebidas. Este sistema consiste en devolver el envase comprado al establecimiento, que reintegra al cliente la cantidad dejada en depósito.

Igualmente, el director General de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, Mauricio García de Quevedo, quien también ha comparecido ante la Comisión, ha definido como “primordial” contar con un “marco normativo armonizado” con lo establecido por la Comisión Europea (CE) que ofrezca “mayor seguridad jurídica para las empresas”.

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