El respaldo del Consejo Nacional del Agua al proyecto presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica para recortar el caudal del trasvase Tajo-Segura ha desatado ya una nueva ‘guerra del agua’ entre autonomías, y también con el Gobierno central. La decisión ha levantado en armas al potente sector agroalimentario de Alicante, Murcia y Almería, que desde hace 42 años recibe un volumen de agua que ha dado una enorme prosperidad a la zona. El Ministerio navega entre dos aguas, presionado por Castilla-La Mancha (empeñada en cerrar el trasvase) y por Murcia, Almería y la Comunidad Valenciana, que defienden su continuidad y rechazan la desalación como la única solución.
Esta es, en síntesis, la posición de cada administración implicada en esta nueva ‘guerra del agua’:
Ministerio para la Transición Ecológica. Defiende recortar el caudal actual del trasvase Tajo-Segura para, según afirma, paliar la reducción de las reservas en el Tajo derivadas del cambio climático y para devolver calidad a las aguas de este río. Los informes técnicos en que se ampara el Ministerio aseguran que los embalses de donde procede el agua siguen por encima del umbral mínimo para permitir dicha acción.
Castilla-La Mancha. En los últimos años se han creado en esta comunidad autónoma 100.000 hectáreas de regadío a fuerza de sacar el agua de acuíferos muy presionados. Por ello, reclama agua del trasvase para sí, tal y como viene defendiendo uno de los barones socialistas, el presidente regional Emiliano García-Page, que ha encontrado una aliada en la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera. El presidente castellano-manchego ha declarado: “Si el agua es de todos, ha de ser también de los sitios por donde pasa el agua”. También ha afirmado que actualmente el río es «una porquería» por su mal estado. La ministra, junto a Díaz-Page, defiende aumentar también los caudales ecológicos del Tajo, lo que mermará las reservas de agua para trasvasar.
Murcia y Andalucía. Ambas autonomías tienen una postura clara. Según Fernando López Miras (PP), presidente murciano, y su homólogo andaluz, Juanma Moreno (PP) –allí el trasvase solo beneficia a Almería-, el recorte no tiene otra razón que seguir la hoja de ruta que marcó en su día la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, convencida de que el sureste debe basar su futuro económico en la desalación. Ambos presidentes, que cuentan con el apoyo incondicional de los agricultores, apelan a la solidaridad territorial y a los beneficios que el agua del Tajo genera en España: cien mil empleos y una aportación de 5.000 millones de euros al PIB nacional. “Andalucía no se quedará quieta”, ha advertido su consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ante lo que considera “un ataque” que “perjudica a una población almeriense de 150.000 habitantes y a siete comunidades de regantes, con unas superficie de 23.000 hectáreas”. También el PSOE de Murcia opina igual. Si se recorta el caudal actual, “no hay alternativas, no hay seguridad ni garantía de suministro de agua para beber y para vivir en un territorio de 2,5 millones de personas», ha declarado también el líder de los socialistas murcianos, Diego Conesa.
Comunidad Valenciana. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig (PSOE), ha optado por una actitud de calculada prudencia. Por un lado, defiende el trasvase Tajo-Segura, pero, por otro, ha declinado formar un frente común con sus homólogos de Murcia y Andalucía, porque, según el jefe del Consell, no quiere politizar el asunto y “no fomentar las guerras del agua”. Para Puig, la cuestión del agua no puede ser visto como un enfrentamiento o una especie de indentitarismo que, finalmente, no genera soluciones. “Hace mucho tiempo que la derecha trabaja por las guerras del agua que no ha dado ningún resultado. Nosotros estamos trabajando con los regantes de la Comunidad Valenciana para generar un espacio de diálogo que propicie agua para siempre”, ha señalado. En cambio, su consellera de Agricultura, Mireia Mollà (Compromís), se ha mostrado más rotunda y no ha dudado en señalar que el Gobierno de Pedro Sánchez “no está mostrando una actitud colaborativa” con la Generalitat. Incluso no descarta “actuar jurídicamente” si finalmente se consuma una decisión que perjudique a la Comunidad Valenciana.
Agua hacia Portugal
Se da la circunstancia de que, mientras esto sucede, el Gobierno español envía todos los años a Portugal a través del río Tajo una media de 6.771 hectómetros cúbicos de agua en virtud del convenio del Albuferia, un acuerdo firmado en el año 2000 por el que España y Portugal se comprometen a mantener los ríos ibéricos que comparten: Tajo, Duero y Guadiana.
El acuerdo contempla que desde el Tajo el caudal mínimo anual sea de 2.700 hm³, pero la Confederación del Tajo envía tres veces más. Mientras, poco a poco, ha ido reduciéndose el aporte al Tajo-Segura hasta una media de 330 hm³ al año, aunque por ley corresponderían 600 hm³.
Los afectados consideran esto un agravio del Ministerio para la Transición Ecológica con Alicante y Murcia. “Mientras hay agua de sobra en el Tajo para enviar a Portugal, poco a poco se seca un trasvase amenazado de muerte”, afirman.
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