Asturias, Galicia, Castilla y León y Cantabria apuestan por medidas «consensuadas» mientras el Ministerio, con apoyo de WWF, respalda la inclusión del lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Forestal.
La entidad WWF ha denunciado que los gobiernos de tres comunidades autónomas (Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia) “presionan al Gobierno para que actúe en contra del criterio científico” en la gestión del lobo ibérico. Por ello, animan al Ministerio para la Transición Ecológica a “cumplir con la ciencia y la legalidad lo antes posible” y desoiga las presiones de estas cuatro autonomías.
Todas ellas “han hecho pública recientemente su postura contraria a la conservación del lobo”, una postura que WWF considera “anclada en un modelo fracasado, basado en el control letal del lobo que, lejos de reducir los daños, solo perpetúa el conflicto”.
En cambio, la nueva estrategia que prepara el Ministerio, y que respalda WWF, “pasa por la protección del lobo, acompañada de un modelo de gestión con medidas prácticas que hacen posible la reducción de daños y la conservación de la especie”.
El reciente dictamen del Comité Científico, órgano consultivo del Ministerio y las comunidades autónomas en materia de conservación, establece que el lobo ha de incluirse en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Forestal por su importancia ecológica. Por tanto, el lobo pasaría a estar protegido en todo el territorio nacional y se prohibiría su caza deportiva, “como ocurre ya en nuestros vecinos Francia y Portugal”, señala WWF.
Al mismo tiempo, el Ministerio trabaja en una nueva estrategia de conservación y gestión de esta especie, para compatibilizar su conservación con actividades como la ganadería extensiva.
“Sin embargo, todo es poco para estas comunidades autónomas para seguir cazando a la especie”, afirma la entidad conservacionista. También considera que “la protección del lobo no implica más daños a la ganadería extensiva, sino todo lo contrario. Se va a aumentar la financiación de medidas preventivas y de compensación, una de las principales reivindicaciones” de los ganaderos.
Galicia: «Ya hay un plan autonómico para el lobo»
Una de las autonomías que rechazan los planes del Gobierno, Galicia, ha justificado su postura. La conselleira de Medio Ambiente de la Xunta, Ángeles Vázquez, recordó que Galicia cuenta desde hace diez años con un Plan de Gestión del Lobo, con el que “se garantiza la viabilidad de la especie, es decir, se mantiene la población estable al tiempo que se compatibiliza con la ganadería extensiva y con la viabilidad económica de las explotaciones”.
El reparo puesto a la inclusión del lobo en el listado de especies protegidas no es “una postura aislada e individual de Galicia”, sino que es “acorde y común” a las cuatro regiones al norte del Río Duero. Según Vázquez, también los intereses de Asturias, Cantabria y Castilla y León “se verán directamente afectados de salir adelante esta propuesta”, pues en estas regiones se registran importantes poblaciones de esta especie y su sector ganadero es de los que sufre más las consecuencias.
La conselleira añade que, en caso de que prospere la iniciativa del Ministerio, esto implicaría la prohibición genérica de su caza, al no considerarla una especie susceptible de aprovechamiento cinegético en determinados supuestos. “Solo se podría autorizar excepcionalmente la captura de algún ejemplar bajo criterios mucho más estrictos que en la actualidad”, declaró.
Asturias: «Consenso, coordinación y responsabilidad»
También en Asturias su gobierno autonómico ha alzado la voz contra el proyecto ministerial. David Villar, director general del Medio Natural, afirmó que los diferentes planes autonómicos “son compatibles con el estatus actual de la población” y “acordes a las normativas europeas”. También destacó “la necesidad de acuerdo para abordar una estrategia nacional, que ha de ser compatible con las formas y modos de actuación de las distintas comunidades autónomas”. El Principado sostiene que esa estrategia de ámbito nacional debe abordarse “desde el consenso, la coordinación y la corresponsabilidad tanto en la gestión de la especies como en la mitigación de los efectos negativos sobre la cabaña ganadera”, informó recientemente La Nueva España.
En Asturias, la Administración considera que hay unas cuarenta manadas estables por todo el territorio, una cifra considerada excesivamente baja por los ganaderos.
