Es el mismo José Ramón Bauzá que telefoneaba al alcalde Antoni Pastor, para que ejecutara de inmediato la demolición del Pont des Riuet ordenada por los tribunales. Al fin y al cabo, afectaba a intereses ajenos. ¿Estará de acuerdo el president en que se actúe con igual celeridad y contundencia con el edificio de su pisito millonario en Dalt Murada, condenado por el Tribunal Supremo? De momento, el ayuntamiento de Palma de su partido ya ha anunciado que legalizará lo ilegalizable sin mover un ladrillo. Tal vez habría que volver a descolgar el teléfono desde el Consolado de la Mar, y requerir a Cort mayor energía contra un inmueble fuera de ordenación.

En los mitines de pretemporada, Bauzá enarboló la bandera de la seguridad jurídica hasta la saciedad. Caldeó el ambiente con sus jeremiadas sobre el daño provocado por la inseguridad urbanística del PSOE. Muy bien, ahora dispone de un caso ejemplar para aplicar sus tesis, con una sentencia irrebatible del Supremo que encarna la cumbre de la seguridad jurídica. Pues bien, el PP anuncia de inmediato las argucias que propondrá para soslayar el fallo sin ocasionar ningún perjuicio a su president. Encima, el privilegiado comprador se considera una víctima, en lugar de pedir perdón a los ciudadanos porque su propiedad compromete el patrimonio común.

El PP insiste en denominarlo seguridad jurídica, cuando se trata de declarar intocable a quien tenga los contactos adecuados para eludir las resoluciones judiciales. ¿Cuál es la seguridad jurídica de los demandantes a quienes el Supremo ha dado la razón, y que han arriesgado su dinero para demostrar la irregularidad? En fin, el alcalde que legalizará el pisito millonario de su president, y que se dedica a la noble tarea profesional de desahuciar, entenderá en la ansiedad de su jefe la zozobra de una persona cuando pierde su vivienda con todas las de la ley. La alternativa a las suspicacias es muy sencilla, paralizar cualquier iniciativa en torno al edificio anulado por el Supremo, y exigir la ejecución de la sentencia en nombre de los ciudadanos.