La promoción de Dolores Delgado de ministra de Justicia a fiscala general del Estado no es una improvisación, sino una provocación a cargo de Pedro Sánchez. Por lo tanto, el castigo a medias a la interlocutora de Villarejo le ha funcionado a la perfección. La riada de fariseísmo colérico que ha desatado el nombramiento cambió mi percepción del envite. Con dos pájaros de un tiro, el presidente del Gobierno ha destripado la sobreactuación de instituciones que se rasgan las togas desde un currículum deplorable.
La todavía ministra fue la diputada más efusiva tras ganar Sánchez la investidura en el Congreso. Le besó casi impropiamente en la boca. Está claro que conocía su destino al frente de la fiscalía estatal. No supimos leer el lenguaje de los labios, y esta carencia puede haber contribuido a la irritación desatada. Se ha hablado de la oposición abrumadora de la carrera pero, ¿de qué fiscales estamos hablando? Si se trata de los acusadores del Supremo, que quedaron en ridículo ante un tribunal de la misma institución al inventar una rebelión donde solo había "ensoñación", procede decantarse por Delgado. No tienen por qué acertar mejor en las designaciones que en las valoraciones jurídicas. Y si se trata de los dignos representantes del ministerio público que no veían motivos para actuar contra el PP por destruir los ordenadores requeridos por un juez, se blinda el apoyo a la nominada.
La ignorancia es la principal aliada de la furia. Los enemigos de Delgado apisonaron que no había precedentes del tránsito. De inmediato emergió la figura de Javier Moscoso, que pasó de ministro de Presidencia a Fiscal General por decisión de Felipe González, hoy santo patrono de la derecha. Quienes estábamos vigentes por aquellas fechas, no recordamos una polvareda especial. Ítem más, el navarro fue sustituido al frente de la fiscalía estatal por Leopoldo Torres Boursault, un diputado socialista y vicepresidente del Congreso. Sánchez no ha innovado, hoy basta con ajustarse a la tradición para excitar a las multitudes.
Siempre juicioso, Vox decretó que ningún país avanzado reproduciría la intimidad pornográfica entre un presidente y su fiscal general. A excepción quizás de Estados Unidos, donde el presidente Kennedy nombró para el cargo citado a Robert Kennedy y donde los presidentes nombran rutinariamente a los miembros del Supremo. En fin, Pablo Casado blasfemaba contra Delgado el mismo día en que nombraba secretario de Justicia de su partido a Enrique López, el magistrado del Tribunal Constitucional que dimitió por conducir ebrio. Por tanto, conviene esperar a que la fiscala general sea juzgada únicamente por su desempeño del cargo, un veredicto más cruel que cualquier prejuicio.
