No fue hasta entrado el siglo XVIII cuando las mazmorras, las prisiones características de la antigüedad y el medioevo, dieron paso a lo que hoy son los centros penitenciarios, las cárceles. La Ilustración, el movimiento surgido en aquella Centuria, preludio de las revoluciones americana y francesa, que marcan el inicio de la modernidad, fue la que vio la necesidad de eliminar lo que hasta entonces habían sido los centros de detención y sustituirlos por otros con la mirada por primera vez puesta en la reinsercción, objetivo que todavía no se ha conseguido en plenitud. En Mallorca, desde los tiempos de la denominada reconquista cristiana, existía, junto a Cort, lugar en el que se reunían las Cortes, un centro de detención otorgado por el rey Jaime I. Estaba ubicado en lo que después fue el palacio de la Diputación Provincial, construido en las postrimerías del siglo XIX. Allí, se levantó la primera cárcel de la que dispuso Mallorca. Antes cada estamento del poder político o eclesiástico disponía de su particular penitenciaría, incluida, por supuesto, la Inquisición de la Iglesia católica, lo que ahora se denomina Congregación para la Doctrina de la Fe, al frente de la que se halla el cardenal arzobispo mallorquín, Luis Ladaria.
El historiador Eduardo Pascual, especialista en Historia Moderna y profesor de la UIB, ha publicado un ensayo sobre el asunto titulado La Real Cárcel de Mallorca y sus alcaides durante el siglo XVIII (1715-1812). Para el profesor de la UIB, lo que hacen los ilustrados, al iniciarse el siglo XVIII, es "pasar del concepto de mazmorra, vigente a lo largo de siglos, al de cárcel, poniendo los cimientos de cómo la entendemos en la actualidad".
La primera cárcel instalada en el lugar que hoy ocupa el palacio sede de la Diputación Provincial y ahora del Consell de Mallorca, sobrevivió hasta casi concluido el siglo XIX. Una vieja fotografía de la visita del rey Alfonso XII (tatarabuelo del actual jefe del Estado, el rey Felipe VI) a Cort, permite atisbar la fachada del edificio, en el que la planta superior estaba destinada a cárcel de mujeres, lo que no dejó de originar diversos problemas relacionados con el ejercicio de la prostitución.
Cárcel Real
Palma albergó, desde la Edad Media, la Cárcel Real de Mallorca, dependiente de las instituciones de la Corona, siendo el rey Jaime I quien concedió el privilegio en 1273 a fin de que la isla contara con un presidio. Es desde 1381 cuando hay constancia de su ubicación en el edificio anexo a la sede del Gran i General Consell y, a partir del siglo XVIII, del Ayuntamiento de Ciutat. En la prisión se retenía a los individuos por orden de la Real Audiencia, Capitán General o la justicia ordinaria. La nobleza se mantenía la margen, para ella no contaban las leyes que se aplicaban al pueblo llano. Sus privilegios la hacían inmune a las disposiciones de carácter general. Raramente aquel presidio albergaba a delincuentes peligrosos al estar recluidos en la Torre del Angel, en el palacio de la Almudaina, donde las condiciones de seguridad eran mucho mayores.
El viejo edificio penitenciario discurrió durante el siglo XVII aquejado de notables carencias estructurales, ya que albergaba a un número cada vez mayor de reclusos. En las primeras décadas del siglo se hizo evidente su estado ruinoso y sus condiciones de insalubridad, que incluso fueron denunciadas ante la peligrosidad de que se produjera un derrumbe y el masivo contagio de enfermedades infecciosas en el transcurso de los meses estivales. Las autoridades mallorquines veían urgente proceder a la reconstrucción del edificio; en definitiva, que dejase de ser una gran mazmorra para convertirse en algo parecido a una cárcel. También se desaba ampliarla, para lo que se adquirieron unas casas colindantes con los beneficios obtenidos por batir 20.000 marcos provinciales.
Hubo que aguardar al reinado de Fernando VI, hijo de Felipe V, el primer rey de la Casa de Borbón, tras la Guerra deSucesión, con la que se entró en el siglo XVIII, para obtener el imprescindible consentimiento regio que, con la real orden de 30 de enero de 1753, posibilitó empezar a proyectar la nueva cárcel. Fue el ingeniero Juan Ballester de Zafra quien diseñó el edificio, presupuestado en 8.790 libras mallorquinas (116.000 reales de vellón), que serían financiados en sus dos terceras partes por el denominado fondo de Caudales Comunes y el tercio restante con la imposición de un nuevo impuesto, consistente en un real de vellón de cada quartín de aguardiente consumido en la isla.
Al presupuesto se sumó la compra de las citadas casas colindantes, propiedad de Gabriel de Berga y Zaforteza, por un montante de 1.200 libras más otras 80 libras en concepto del alodio que tenía en propiedad. La figura impositiva del alodio ha tenido que aguardar para ser suprimida a la creación de la Comunidad Autónoma tras la Constitución de 1978, en la década de los 80 del pasado siglo.
Un elemento destacable de la prisión insular, similar a la Real Chancillería de Valladolid, era la de su doble funcionalidad con un carácter esencialmente carcelario, pero dotada de un espacio para el desenvolvimiento de los tribunales de justicia. La cárcel estaba organizada racionalmente de acuerdo con las exigencias que demandaban las privaciones de libertad prolongadas. La sobria y simétrica fachada principal contenía la puerta de acceso flanqueada por diversas ventanas y puertas laterales. El edificio disponía de tres plantas ordenadas alrededor de un patio interior, a fin de garantizar la salubridad y aireación de los encarcelados. Alrededor del patio estaban las celdas, un denominado cuarto de hierro para los presos más peligrosos y una cámara de tortura, donde se obtenían las pertinentes confesiones. En las dos plantas superiores estaban instadas más celdas, enfermería y la capilla en la que se veneraba al denominado Santo Cristo de la Buena Muerte o de los Condenados y a la Purísima Concepción.
No se conoce la fecha exacta del inicio de las obras de construcción de la cárcel; sí hay constancia de que hacia finales de 1754 se remitieron a Madrid los planos del edificio. Durante el transcurso de las obras los presos fueron instalados en el castillo de Bellver, en las mismas celdas en las que, después del golpe de Estado de 1936 que desencadenó la Guerra Civil, se detuvo a destacados republicanos, entre otros el alcalde de Ciutat Emilio Darder y el diputado socialista en las Constituyentes de la República, Alejandro Jaume.
El sobrecoste de las obras, peculiaridad que ya entonces era costumbre, hizo que en 1756 solo estuviera construida una parte del edificio requiriéndose 102.543 reales de vellón para poder continuar las obras. La demora se prolongó en el tiempo, puesto que en la década de los 80 del siglo, el fiscal Antonio Fernández de Córdova denunció la urgencia de proseguir la construcción de la fachada, el tejado y, con especial insistencia, las destinadas a mejorar la seguridad de los calabozos procediendo a forrar las puertas con planchas de hierro e instalando contrarrejas.
"Sentina de pecados"
La cárcel no disponía originariamente de habitáculos acondicionados para recluir permanentemente a mujeres con distinción de "públicas" o "relajadas", acepciones con las que se denominaba a las protitutas. Ni las sanciones como la pena de destierro a otros municipios o fuera de la isla, ni el encierro carcelario impidieron el incremento de "mujeres públicas" durante la segunda mitad del siglo XVIII. El auge de la prostitución fue imparable. La "peligrosa" convivencia entre reclusos de ambos sexos produjo la detección habitual de relaciones carnales, lo que alarmó a las autoridades al convertirse la cárcel en "sentina de pecados y que las costumbres llegan al último grado de prostitución". La propagación de enfermedades venéreas fue destacada.
Para evitar la promiscuidad, en 1778 el oidor de la Real Audiencia, Jacobo María Espinosa, decidió habilitar una planta exclusiva para las mujeres reclusas. En ella proyectó habilitar una estancia en la que se pudiera hilar lana gruesa para que las reclusas aprendieran un oficio obteniendo, además, unos ingresos con los que financiar los gastos de la prisión femienina. Constituyó el inicio de los trabajos carcelerios, novedad que también llegó de la mano de la Ilustración.
Perfil social
El perfil social de los reclusos era lógicamente mayoritariamente pobre: carecían de recursos económicos para su mantenimiento carcelario y sin jurisdicción eximente en la justicia ordinaria. La carencia de medios económicos de los presos impedía el incremento del salario del alcaide y del mantenimiento de la propia cárcel. Otros grupos de reclusos lo formaron militares, marineros y defraudadores de rentas. La documentación disponible indica que los presos oscilaron entre el medio y el centenar, a pesar de que los habituales indultos del monarca para conmemorar algún nacimiento en la familia real, a cambio de su incorporacióna filas, disminuía el número.
Las presas estaban a cargo de una carcelera denominada mujer de oficio, que tenía el cometido de supervisar el comportamiento, aseo personal y limpieza de las dependencias. Solo las podía castigar moderadamente y debía evitar a toda costa el contacto con los presos varones. También eran obligadas a participar en la diaria oración a la Virgen María y al rezo del rosario. Un siglo y medio después, durante la dictadura franquista, las presas republicanas también eran forzadas a asistir a los ritos católicos. El primer domingo de cada mes estaban obligadas a confesar y recibir la comunión. Los sábados por la tarde se les concedían dos horas para coser sus ropas.
De la documentación existente recopilada por Eduardo Pascual, se constata que la Real Cárcel de Mallorca guarda similitudes con otras penitenciarías españolas cuyas reformas durante el siglo XVIII estaban en sintonía con el espíritu ilustrado y las propuestas de nuevas formulaciones carcelarias. Fueron cambios que llevaron a reconstruir el centro penitenciario conforme a las tendencias de la época respecto a espacio y salubridad, con unos resultados que perduraron hasta finales del siglo XIX. Las consecuencias de la Guerra de Sucesión y el Tratado de Utrecht, que instauró a los Borbones en la corona de España, produjo una mayor centralización de las administraciones territoriales al ser potestad del rey la designación del alcaide de la cárcel. El cambio, destaca el profesor Pascual, incidió en los medios aplicados por la Monarquía borbónica para la gobernación del reino mediante servidores directamente dependientes de su persona para recompensar y promocionar afines en los estamentos de la Administración. También se comprueba que las continuidades estuvieron presentes en un sistema penitenciario similar al vigente en siglos anteriores.
La Real Cárcel de Mallorca subsistió hasta el reinado de Alfonso XII, entronizado por los militares tras la efímera vida de la Primera República (1873). El edificio fue derribado para levantar el actual, que fue sede de la Diputación Provincial casi a lo largo de un siglo. Con la Constitución de 1878 se instaló en él el Consell de Mallorca.
