Los crímenes contra el medio ambiente son uno de los principales factores que amenazan el estado de conservación del medio ambiente en Europa y en el resto del mundo. Gran cantidad de especies de fauna, incluidas aves del Anexo I de la Directiva de Aves sufren en España y Portugal, la pérdida de miles de ejemplares por la comisión de acciones delictivas como disparos, envenenamientos intencionales, tráfico ilegal o la destrucción de su hábitat son solo algunas de las amenazas. Además, los vertidos al agua, la gestión ilícita de residuos o los incendios intencionados dañan el patrimonio natural común y ponen en riesgo nuestra salud.
A pesar de que no hay suficientes datos, sí sabemos por ejemplo que cada año 500.000 hectáreas se ven afectadas por incendios provocados por causas antrópicas en la Unión Europea. El 95 % de estos incendios tiene lugar en el área mediterránea; cada año se exportan ilegalmente desde la Unión Europea 2,98 millones de toneladas de residuos eléctricos y electrónicos; en el Mediterráneo mueren por efecto de la caza ilegal 26 millones de aves al año; en España y en los últimos 20 años se encontraron envenenados 18.503 animales, cantidad que se estima que representa el 10% del total que podría ser pues de unos 185.030 animales envenenados.
Es por todo ello que se ha impulsado el proyecto Guardianes de la naturaleza, contra el crimen ambiental. Presentado esta misma semana, participa SEO/BirdLife y cuenta con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, la Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), y el Servicio de protección de la naturaleza de la Dirección general de la Guardia Civil, como socios beneficiarios. Los cofinanciadores son la Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias, la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana y el Ministerio para la Transición Ecológica.
Con este proyecto la ONG inicia una nueva andadura de cuatro años para reducir en un 20 % la mortalidad de fauna por actos delictivos, incrementar y mejorar la detección e investigación de los delitos ambientales y concienciar a la sociedad sobre el importante impacto que tienen este tipo de actos en la conservación de la naturaleza y en nuestra propia salud y bienestar.
"SEO/BirdLife se ha puesto al servicio de la sociedad para reunir a los distintos actores con los que compartimos la defensa de la naturaleza: las administraciones públicas, las policías ambientales -incluidos los agentes forestales y de medio ambiente- y la sociedad civil, todos unidos para garantizar que cumplimos las reglas de convivencia con la naturaleza", explica Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife. "La protección de la naturaleza es una necesidad humana y un derecho de futuro. Hay que contar con más y mejores datos fiables sobre delitos ambientales, ya que se han convertido en una de las actividades más rentables para las organizaciones delictivas y gozan de un alto nivel de impunidad", asegura el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska
Este proyecto contribuye, además, a que España cumpla con la Estrategia Europea de Biodiversidad para 2020 y con el Plan de Acción de la Unión Europea de Garantía del Cumplimiento Medioambiental para ayudar a las autoridades públicas a promover, supervisar y hacer cumplir las normas. "A nivel nacional, es precisamente nuestra Constitución la que nos obliga en su artículo 45 a conservar el medio ambiente y nos otorga el derecho a disfrutarlo. Ahora precisamente que se cumple 40 años de la adopción de esta norma, y más que nunca, tenemos que seguir avanzando para hacer de este precepto de nuestra Carta Magna una realidad, ya que, a pesar de tener 40 años, nos falta aún mucha madurez ambiental", declara Asunción Ruiz.
El proyecto tiene como objetivo principal la mejora de la efectividad y la eficacia de las acciones dirigidas a combatir los delitos contra el medio ambiente en España y Portugal, especialmente aquellos cometidos contra la fauna silvestre. Gran cantidad de especies de fauna, consideradas por el Comité Ornis prioritarias para su financiación de proyectos LIFE+, sufren en España y Portugal la pérdida de miles de ejemplares. La mayoría de las causas de muerte gozan de un alto nivel de impunidad, siendo escasas las sentencias condenatorias por delitos contra la fauna, lo que supone una amenaza para la recuperación de sus poblaciones. Esta situación denota, por otra parte, las carencias de sensibilidad y conocimiento de determinados sectores de la sociedad sobre el valor del patrimonio natural europeo y la importancia de conservarlo evitando actuaciones ilegales sobre el mismo. Estas deficiencias se podrían corregir mediante la implantación de medidas que promuevan un mejor cumplimiento de la legislación ambiental y mediante la mejora de los sistemas de investigación, información y sensibilización sobre las acciones delictivas y el impacto que provocan en el medio ambiente
Principales acciones y resultados del proyecto
Para alcanzar los objetivos del proyecto, se trabajará para garantizar la aplicación del marco legal que regula nuestra relación con el medio ambiente, mediante la realización de propuestas legislativas para mejorar su aplicación, fortaleciendo la acción policial (mediante acciones formativas, creación de unidades especializadas, dotación de medios, investigación de nuevos métodos de investigación) o participando en los procesos judiciales que se inicien por crímenes ambientales. Otras acciones del proyecto irán encaminadas a sensibilizar a la sociedad, a los distintos actores encargados de aplicar la legislación (jueces, fiscales, agentes de la autoridad, etc.) y demás sectores implicados en la gestión de la naturaleza sobre el importante valor del patrimonio natural y la necesidad de defenderlo de las agresiones ilegales que sufre.Con ello, entre otros resultados, se quiere incrementar en España un 5% y un 1% en Portugal los procedimientos judiciales incoados por delitos ambientales; prevenir y reducir los delitos contra la fauna aumentando en España un 15 % la detección de las actuaciones delictivas; reducir en España un 20 % y un 5 % en Portugal la mortalidad de especies de fauna por delitos; mejorar los mecanismos de coordinación, intercambio de información y experiencias entre diferentes policías ambientales nacionales y de la UE o formar al 6 % de la plantilla del SEPRONA y a más de 130 agentes ambientales y de otros cuerpos de la UE.
