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Medio ambiente

España pasa por caja

La absoluta dejadez de las Administraciones Públicas en materia ambiental aboca al pago de multas millonarias por obviar las directivas europeas

El bienestar animal es una prioridad para la Unión Europea. Lluís Amengual

Este miércoles la Unión Europea confirmó lo que era ya un secreto a voces: España tiene un grave problema de contaminación por aguas residuales, por lo que ha sido condenada a una multa millonaria. La contaminación por aguas residuales es, por su volumen e intensidad, el factor que más afecta a la calidad de las aguas continentales españolas. Y no estamos hablando de un hecho aislado o transitorio. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) establece que han sido 17 municipios de más de 15.000 habitantes que, desde el año 2001 deberían depurar sus aguas correctamente según establece la directiva del año 1991. Y muchos de ellos siguen sin cumplir. ¿Resultado? 11 millones de euros de multa cada seis meses hasta que cumplan. Casi 60.500 euros diarios.

Así se ha puesto de manifiesto en diversos sectores que van desde el hotelero hasta el ecologista como Greenpeace. La organización ecologista considera que ésta es una asignatura pendiente a la que aún no se ha puesto solución. "La lucha contra la contaminación de nuestras aguas debe ser prioritaria. Es mucho más efectivo cambiar las actuales medidas que no garantizan la calidad de las aguas para la vida silvestre o para el consumo humano que construir nuevas infraestructuras hidráulicas como embalses o trasvases", señala Julio Barea, portavoz de la ONG.

La nula o deficiente depuración de las aguas residuales urbanas afecta a la calidad de las aguas a nivel estatal, tanto en ríos como en costas. Muchos de los lugares señalados por Bruselas (como Gijón, Vigo, Matalascañas, Santiago de Compostela, Peñíscola, Benicarló, etc.) estaban en el foco de Greenpeace, que ha recogido esta situación en diversos informes desde 2005.

A pesar de que su toxicidad es inferior a la de otros agentes contaminantes (por ejemplo, la industria química), el volumen de los vertidos urbanos ha adquirido tal importancia que podría afirmarse que, en muchos casos, es el principal causante de la pérdida de calidad y degradación del medio hídrico. Todavía existen decenas de municipios y ciudades que no depuran convenientemente sus aguas. Hay plantas construidas que no están funcionando y otras que lo hacen de forma deficiente.

Otras que pueden acabar en sanción

El agua, pese a todo, no es la única asignatura pendiente en materia de medio ambiente que tiene el Estado español. Estos son otros temas que pueden acabar terminando de la misma manera: pagando.

Ruido

La Comisión pide a las autoridades españolas que cumplan las disposiciones principales del Derecho de la Unión Europea sobre el ruido (Directiva 2002/49/CE). La Directiva sobre el ruido exige a los Estados miembros que adopten mapas de ruido que muestren la exposición al ruido dentro de las grandes zonas urbanas como, por ejemplo, en los principales ejes ferroviarios y viarios y en los grandes aeropuertos. Estos mapas sirven de base para definir medidas encaminadas a reducir la contaminación acústica. Tras recibir un primer aviso en septiembre de 2016, España todavía tiene que presentar los mapas estratégicos de ruido y los planes de acción relativos a muchas de las aglomeraciones, grandes ejes viarios y grandes ejes ferroviarios de su territorio. Además, tampoco ha revisado ni modificado los planes de acción existentes para los grandes aeropuertos. España dispone de dos meses para responder y, en caso de no hacerlo, la Comisión podría decidir llevar el asunto ante el TJUE.

Inundaciones

La Comisión pide a España que cumpla los requisitos de la Directiva sobre inundaciones (Directiva 2007/60/CE). La Directiva tiene por objeto reducir y gestionar los riesgos para la salud, las actividades económicas y el medio ambiente asociados a las inundaciones. Según el Derecho de la UE, los Estados miembros debían finalizar y publicar planes de gestión del riesgo de inundación y notificarlos a la Comisión el 22 de marzo de 2016, a más tardar. En marzo de 2018, la Comisión envió una carta de emplazamiento a las autoridades españolas debido a que no habían finalizado, publicado ni notificado sus planes de gestión del riesgo de inundación correspondientes a las siete demarcaciones hidrográficas de las Islas Canarias. Como siguen sin notificar estos planes, la Comisión les envía un dictamen motivado. España tiene dos meses para responder; de no hacerlo, la Comisión podría llevarla ante el TJUE.

Bienestar animal

La Comisión ha decidido enviar cartas de emplazamiento a España en relación con las deficiencias detectadas en la transposición a su legislación nacional de la normativa de la UE relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos (Directiva 2010/63/UE). La Directiva, que debía transponerse a más tardar el 10 de noviembre de 2012, garantiza un alto nivel de bienestar animal, salvaguardando al mismo tiempo el buen funcionamiento del mercado interior. También persigue reducir al mínimo el número de animales utilizados en experimentos y exige que se utilicen alternativas cuando sea posible. Se han detectado numerosos defectos en la legislación nacional de España.

Las autoridades españolas han reconocido defectos en su legislación, pero todavía no los han corregido en ámbitos tales como el mantenimiento de registros y la cláusula de salvaguardia relativa a la utilización de primates no humanos. España dispone de dos meses para responder; de lo contrario, la Comisión podría decidir enviar un dictamen motivado.

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