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Oblicuidad

Los números de la carrera profesional

Los números de la carrera profesional

Los ciudadanos están obligados a alarmarse ante toda celebración conjunta de la mayoría de partidos políticos y de instituciones. Este aquelarre se produjo con motivo de la retirada de los recursos contra la carrera profesional. No solo de las acciones judiciales ya iniciadas en el Consell de Mallorca, Palma y otros ayuntamientos. También y sobre todo, el cambio de actitud de Pedro Sánchez sobre el artículo 23 de la ley de presupuestos de la CAIB, que recogía los acuerdos del plus salarial y que Cristóbal Montoro contestaba por su presunta inconstitucionalidad.

Decenas de miles de trabajadores públicos de Balears le deben al PSOE aumentos salariales de facto en el rango de los dobles dígitos. Cabe imaginar la alegría de los beneficiados, pero los sentimientos no ocultan que los mismos presupuestos congelan en su articulado la subida salarial. La disposición transitoria quinta especifica que las percepciones de los funcionarios aumentarán un 1.5 por ciento cuando el Estado así lo apruebe.

Cuesta conciliar estos avances casi cosméticos con los sobresueldos de la carrera profesional, en los aledaños del veinte por ciento. Claro que la misma disposición quinta abre las compuertas al plus, asignado a una nebulosa formación. Y en el colmo de la contradicción interna de un articulado legal, prevé asimismo un suplemento de crédito para el caso de que se negara el acceso a la carrera profesional. Aquí se cimentan las dudas sobre la constitucionalidad, dado que los topes son una competencia estatal y no autonómica.

El Govern ha torcido el brazo al Gobierno. Tanto la consellera Cati Cladera como la delegada del Ejecutivo, Rosario Sánchez son economistas. Comparten asimismo la especialización en auditoría de cuentas, que les está causando algún sobresalto por su énfasis en mejorar sus expectativas profesionales como interventoras. Resulta absurdo imaginar siquiera que no advierten la cadena de contradicciones en que incurre la atribución de los fondos destinados a la carrera profesional.

En medio del comprensible fervor de los agraciados con cifras que pueden alcanzar los mil euros mensuales, otra clase funcionarial de élite sufre en su prestigio los efectos de la accidentada carrera profesional. La Abogacía del Estado pensaba con Rajoy que la implantación de pluses abultados contravenía nada menos que la Carta Magna. Tal como adelantó este periódico, el mismo día 21 de junio ya recibió las órdenes de desistir. Estos vaivenes solo demuestran que la Constitución es más flexible que sus integristas.

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