Al iniciarse 1940 habían transcurrido nueve meses desde el final de la Guerra Civil, con la victoria de los militares golpistas sobre la República, y cuatro del inicio de la Segunda Guerra Mundial. El 'Estado totalitario', que el general Franco proclamaba iba a instaurar en España, se imponía basado en una represión durísima: los fusilamientos, después de parodias de consejos de guerra sumarísimos, eran constantes. En Mallorca, a la represión sangrienta de 1936-37 siguió otra igualmente contundente: confiscaciones, multas y disolución de entidades tan solo levemente sospechosas de haber simpatizado con la legalidad constitucional republicana. No se fusilaba, porque no quedaba prácticamente nadie por ser pasado por las armas, pero se depuraba a destajo.
En esas, con Ramón Serrano Suñer, 'el cuñadísimo' (estaba casado con Zita Polo Rodríguez Valdés, hermana de Carmen, la mujer de Franco) ministro de la Gobernación, se remitió una circular a los gobiernos civiles en la que taxativamente se ordenaba que se intensificaran las investigaciones sobre las entidades y organizaciones sospechosas de haber simpatizado con la República. La orden cursada por Serrano Suñer llegó a Gobierno Civil procediéndose de inmediato a su cumplimiento. Así se inició en la isla, en los primeros meses de 1940, cuando España entraba en una posguerra, en la que el hambre y la generalizada miseria fueron una constante, la más absurda y disparatada de las represiones, que casi acabó con la clausura de una de las entidades financieras más arraigadas en la isla: la Caixa de Colonya. La razón por la que fue investigada no era otra que la de su supuesta simpatía republicana, dado que su fundador, Guillem Cifre, era un reconocido republicano. Peor suerte corrió el Montepío Arrabal de la barriada de Santa Catalina, cerrado por orden gubernativa, al establecerse que toleraba prácticas contrarias a la moralidad pública, sobre la que estaba permanentemente puesto el foco de los inquisidores de la Iglesia católica, que veleban incansables para que no se conculcara la moral y las buenas costumbres.
El historiador Antoni Marimón, profesor de Historia Contemporánera de la UIB, es quien ha rescatado documentos oficiales de la época que evidencian hasta qué extremos llegó la vocación totalitaria de la dictadura franquista.
Orden gubernativa
La 'orden circular' remitida por el ministerio de la Gobernación el 21 de diciembre de 1939, año de la victoria, firmado por el subsecretario del departamento, un tal J. Lorente, establecía: 'Sírvase prestar su personal atención al examen de los antecedentes políticos, sociales y religiosos, de las juntas directivas y miembros de las asociaciones constituidas en esa provincia y de los fundadores y organizadores de las que se pretendan constituir en lo sucesivo, cualesquiera que fuere su denominación, especialmente de aquellas que, no teniendo una finalidad pura y exclusivamente lucrativa, profesional ni deportiva, pueden y deben ser objeto de una particular investigación, como lo son actualmente las de recreo, con el fin de que, a pretexto de desarrollar actividades lícitas, encubran propósitos que intenten menoscabar el Decreto de unificación de los partidos (el que fusionó Falange con el carlismo, la llamada Comunión Tradicionalista) en una sola Entidad política nacional (lo que acabó siendo el llamado Movimiento Nacional), o alienten tendencias partidistas, bien de extinguidas organizaciones políticas, bien de tipo netamente personalista, o que, por cualquier otro concepto, deban de estimarse contrarias al signo de unidad en el pensamiento y de una común disciplina que informan el nuevo Estado español'. Se trataba de extirpar cualquier atisbo de discrepancia con la naciente dictadura.
De inmediato, Gobierno Civil puso manos a la obra a través de la Guardia Civil. Una de las organizaciones más conocidas en Palma era la sociedad de socorro mutuo denominada Montepío del Arrabal, entidad que atendía a los pescadores de Santa Catalina, entonces una de las barriadas más populares de Palma. Tenía más de mil socios. El Arrabal disponía de un cuadro sanitario formado por tres médicos, un cirujano, una comadrona y un practicante. Además, organizaba actividades para los socios, incluyendo bailes los fines de semana, lo que acabó por ser su perdición.
Gobierno Civil y Guardia Civil fueron directamente a por ella tras recibir la circular. Se tenía constancia de que en las elecciones de febrero de 1936, los vecinos de Santa Catalina habían votado mayoritariamente al Frente Popular. Era una barriada "de izquierdas"; por lo tanto sospechosa de desafección al régimen. También se sospechaba que la directiva del Montepío era de filiación "roja", simpatizante de Izquierda Republicana y de los socialistas. Se puso en marcha la investigación que culminó, en abril de 1940, con la clausura de la entidad. El argumento que se dio no fue el de su presunta vinculación republicana, sino el de haber consentido que en sus locales se perpetraran actos contrarios a la moral pública.
Bailes obscenos
¿Qué alegaron para proceder a la clausura? Al iniciarse la década de los 40 las penurias de toda índola estaban a la orden del día, siendo habituales los cortes de luz. Cuando se celebraban los bailes, el fluido eléctrico era intermitente, por lo que no pasaba fin de semana sin que en pleno baile, el local quedase en penumbra, lo que, según la Guardia Civil y avalaba la autoridad eclesiástica, para la que los bailes constituían un instrumento del diablo de inducción al pecado, los jóvenes aprovechaban para arrimarse. El informe remitido a Gobierno Civil también afirmaba que los participantes en el baile apagaban deliberadamente la luz para poder solazarse sin cortapisas. El resultado fue que el citado mes de abril de 1941 se emitió la taxativa orden de proceder a la clausura del Arrabal.
En Santa Catalina la noticia fue acogida primero con incredulidad y después con sorda indignación, puesto que no existía la posibilidad de exteriorizarla salvo que se quisiera arrostrar las consecuencias, que no eran otras que las de acabar en los calabozos de Gobierno Civil y la probable formación de un consejo de guerra sumarísimo, dado que estaba vigente el estado de guerra en toda España, que no se levantaría hasta después de unos años de concluida, en 1945, la Segunda Guerra Mundial.
Con lo que no contó Gobierno Civil fue con las consecuencias económicas y sociales que medida tan drástica iba a originar entre los asociados, de hecho en toda la barriada. Quedó desmantelada la asistencia social. Los pescadores se vieron en la interperie. La situación se tornó muy delicada, lo que hizo que año y medio después, en septiembre de 1942, se levantara la clausura permitiendo al Montepío volver a operar. De lo que no hay constancia es de si se autorizaron los bailes de fin de semana, aunque probablemente, a fin de evitar más disgustos, se optara por dejarlos de lado, al menos hasta haber transcurrido un tiempo prudencial.
El caso más notable del despropósito investigador fue el de la Caixa Colonya de Pollença, la entidad financiera que ha sobrevivido incólume al maremoto que se ha llevado por delante a todas las cajas de ahorro de España. En la relación de directivos de sociedades "considerados poco afectos al Régimen" elaborado por Gobierno Civil aparecen todos los directivos de la Caixa de Pollença, incluidos su presidente, directos y vocales de la junta. El documento lleva la fecha de 11 de julio de 1940 y es, por sí mismo, ilustrativo de proyecto de control absoluto en el que se afanaron la autoridades en los inicios de la dictadura, lo que, para Marimón y otros historiadores de aquel período, no deja lugar para dudar de que se quiso instaurar un sistema nítidamente totalitario, en contra de lo que sostienen quienes han tratado de justificar el régimen franquista.
¿Por qué Colonya no fue liquidada? Entre otras razones, se apunta la de que con unos 4.000 impositores proceder a su cierre era complicado y, porque, en Pollença, quienes simpatizan con el franquismo también tenían relación con la caja, con lo que proceder en su contra era peliagudo, causaba demasiados trastornos económicos, que era lo que las autoridades no podían permitirse en una situación tan precaria como la que se estaba viviendo.
Contra los carlistas
A los que también se les puso la proa fue a los grupos carlistas contrarios al decreto de unificación. Eran los núcleos del incipiente carlismo que, en los años finales de la dictadura, se alineó claramente con la oposición de izquierdas, dirigido en Palma por José María Biarnés y Felipe Villalonga.
Pero las investigaciones no se circunscribieron a lo relatado, sino que afectaron a entidades de muy diferente índole, entre ellas los pósitos (cofradías) de pescadores de Pollença y Cala Ratjada. Las autoridades veían enemigos del régimen por todas partes: sociedades recreativas, deportivas, incluso la Conferencia de Caballeros de San Vicente de Paul fue investigada, por sospecharse de que en ella se hubieran podido infiltrar elementos subversivos. Desde Felanitx, se remitió a Gobierno Civil una relación de entidades presuntamente sospechosas: Asociación Católica de Padres de Familia, El Agricultor Felanigense, Congregación Mariana, Propietario de la Bodega de Felanitx, Círculo Recreativo, Centro de Albañiles, Casino de Felanitx, Fomento Agrícola, Gimnástica de Felanitx...
Era una paranoia que, en el inicio de la década de los 40, con Serrano Suñer en la cúspide del poder, a la vera del dictador, emulando a los nazis, alcanzó cotas insospechadas. Cuando Serrano abandona el ministerio de la Gobernación y pasa al de Asuntos Exteriores, la presión para que se intensifique el control disminuye un tanto y en 1942, al salir del Gobierno, porque el general Franco ya deja de considerar tan clara la victoria del Eje, las cosas se atemperan. La represión seguirá siendo muy intensa, los fusilamientos no cesarán hasta iniciarse la siguiente década, aunque en Mallorca, la represión se reconduce, ya no hay a quien depurar o reprimir, por lo que se instaura una cierta normalidad, las entidades que han sido investigadas pueden desarrollar sus actividades, siempre y cuando se acomoden a los estrechísimos márgenes de conducta que ha establecido la dictadura.
La circular de 21 de diciembre de 1939 deja de hecho de ser cumplimentada; quienes han estado en el punto de mira, la extensa relación de investigados, consiguen llevar una vida normal, si por tal se entiende estar obligados al silencio, a no exteriorizar sus posiciones. Después, hacia finales de la década e iniciada la de los 50, definitivamente consolidado el régimen franquista, en Mallorca se iniciará lentamente una recuperación económica que, con la eclosión del turismo, hará que en la isla las condiciones de vida mejoren con antelación a las de la península. Las autoridades olvidan las absurdas inverstigaciones de los años precedentes haciéndose más selectiva la represión, que no cesará hasta la desaparición del general Franco en las postrimerías de 1975, el 20 de noviembre de aquel año.
