A pesar de los fuertes cambios políticos que se han producido recientemente en España, la legislación medioambiental continúa su aplicación. Este es el caso de la modificación de la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, que establece la recogida separada obligatoria de los residuos peligrosos de origen doméstico y de residuos textiles antes del 31 de diciembre de 2024. También incluye la obligación de recoger de forma separada los biorresiduos antes del 31 de diciembre de 2020 para los municipios de más de cinco mil habitantes y antes del 31 de diciembre de 2023 para el resto.
Esta modificación es una oportunidad para que todos seamos más conscientes de los numerosos residuos peligrosos que almacenamos en nuestros hogares y que requieren tratamientos específicos con las mejores técnicas disponibles para evitar dañar nuestro entorno. Algunos ejemplos de este tipo de residuos peligrosos domésticos son los aceites lubricantes, productos de limpieza, pinturas, barnices, biocidas y fitosanitarios, y los envases que los contuvieron. También las pilas, baterías y fluorescentes, así como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos como televisiones, frigoríficos y teléfonos móviles.
Para que todos los residuos descritos anteriormente se traten con las mayores garantías de seguridad, se debería modificar el régimen de responsabilidad del productor para que se comparta esa responsabilidad a lo largo de toda la cadena de gestión. Es algo que ya se ha regulado en países como Francia, Alemania y Reino Unido y tiene como consecuencia una autorregulación del sector, ya que el productor del residuo buscaría los mejores tratamientos existentes y se ganaría en precisión y objetividad a la hora de etiquetar el residuo.
En el caso de Balears, el reciclaje y descontaminación de todos estos residuos cuenta con el compromiso de un sector privado maduro para atender estas necesidades, que dispone de plena capacidad para su gestión. Todo ello bajo la tutela de la administración pública que autoriza las actividades, las controla e inspecciona.
Volviendo al análisis en clave nacional, el nombramiento de Teresa Ribera como nueva ministra de Transición Energética y Medio Ambiente, puede implicar una priorización de estos asuntos. También el de la fiscalidad ambiental porque el partido socialista ya tenía en su agenda la creación de cinco nuevos impuestos: sobre las emisiones de CO2, sobre los óxidos nitrosos, sobre las emisiones de vehículos de motor, un impuesto mixto sobre residuos industriales y peligrosos así como uno sobre residuos de envases, embalajes y bolsas. En este sentido, desde nuestra asociación consideramos prioritario lograr una armonización fiscal para todo el territorio nacional, evitando diferencias impositivas entre Comunidades Autónomas, que suele tener un efecto negativo para la unidad de mercado y la proliferación de malas prácticas.
Como se puede comprobar, las actividades de tratamiento de residuos peligrosos cubren un servicio básico para la protección del medio ambiente, crean empleo y recuperan materias primas valiosas de los residuos. Esperamos que las cuestiones medioambientales sigan recuperando posiciones en la agenda política del nuevo Gobierno porque los objetivos europeos cada vez son más ambiciosos y en España nos queda mucho trabajo por hacer para acercarnos a ellos. La economía circular es una nueva narrativa para Europa que se puede traducir en empleos verdes reales si apostamos por estas industrias y facilitamos su trabajo desde las Administraciones Públicas y desde la concienciación empresarial y ciudadana como productores de residuos.
