Decía Benjamin Franklin que "Las leyes demasiado benignas son raramente obedecidas y las demasiado severas, raramente ejecutadas" pero lo que no dijo, quizás por estar fuera de toda duda, es que la Ley está hecha para ser obedecida. No en vano, el respeto a la Ley es característica ineludible de la libertad y, en consecuencia, salvaguarda los derechos y las libertades de todos en relación a los individuos pero, muy importante, también sobre lo que es de todos.
Eso reviste una importancia especial cuando hablamos de asuntos tan sensibles como el territorio y el impacto que sobre éste puede tener el modelo de gestión aplicado por la administración correspondiente. A nadie escapa el hecho de que todos los ciudadanos, como apuntaba al principio, están obligados al cumplimiento de la Ley en materia de disciplina urbanística del mismo modo que quien tiene como misión regular y administrar las políticas territorio y planeamiento urbanístico debe ser tan riguroso a la hora de garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas como eficaz y eficiente en la gestión.
Y eso es, precisamente, lo que lamentablemente no está ocurriendo actualmente en Mallorca donde las administraciones, principalmente el Consell de Mallorca y el Govern balear, se pasan de unos a otros la patata caliente del modelo territorial, provocando por un lado una situación de parálisis en la administración y la lógica incertidumbre entre los particulares en relación a lo que pueden hacer hoy y no podrán hacer mañana.
Porque ante la imposibilidad de legislar, el partido socialista, rehén de sus socios de Més y Podem, ha cedido a la presión de los radicales y antepuesto sus intereses electorales al interés general tirando por la calle de en medio haciendo lo que mejor saben: prohibir, prohibir y prohibir. En materia de territorio, esta circunstancia ha extendido el alarmismo entre los propietarios como consecuencia de las políticas prohibicionistas del Pacte, que ha derivado en una oleada de solicitudes para edificar en rústico general alimentada por la bonanza económica resultante de las políticas del PP aplicadas desde 2011. Un efecto llamada que ha provocado lo contrario que pretendía la izquierda: poner coto al desarrollo urbanístico.
Pero si el desacierto en rústico ha degenerado en masificación, peor lo ha hecho el Pacte en materia de rústico protegido donde, aquí también, han confundido gestionar con prohibir. Y todo ello sin pararse a calcular sus efectos, en los municipios de la Serra de Tramuntana, que pueden ser devastadores.
Esto es así cuando los propietarios de las fincas, ante la imposibilidad de poder rentabilizar su explotación orientándola al turismo vacacional -lo que permitiría reinvertir esos ingresos en el cuidado de las fincas y su entorno - pueden verse abocados a abandonarlas por su inviabilidad económica y los elevados costes de mantenimiento. Es, por tanto, una muy mala noticia para el reconocimiento de la Serra como Patrimonio Mundial, en el punto de mira de la UNESCO en lo que llevamos de legislatura.
Y todo esto ocurre mientras se suceden los líos en nuestro particular gobierno Frankenstein en relación a un Plan Territorial de Mallorca que, 3 años después, ni está ni se le espera. Desde que aparcaron el baile de la conga, PSOE y Més llevan más de 3 cuartas partes de la legislatura señalándose los unos a los otros a la hora de diseñar nuestro modelo territorial y, por supuesto, sin contar con ningún partido de la oposición. Tres años sin acuerdo, tres años de parálisis y la incertidumbre en el horizonte después de tres años de viaje a ninguna parte.
* Portavoz del PP en el Consell
