Uno de los principios fundamentales en la gestión ambiental es el principio de precaución que, en muchos casos, se aplica restrictivamente en la línea "en caso de duda, seguimos preguntando y no autorizamos por si acaso". Ahora bien, esto no se corresponde exactamente con lo que formalmente entienden nuestras instituciones. Según la resolución de Niza dada por el Consejo Europeo en el año 2000, "cuando una evaluación pluridisciplinaria, contradictoria, independiente y transparente, realizada sobre la base de datos disponibles, no permite concluir con certeza sobre un cierto nivel de riesgo, entonces las medidas de gestión del riesgo deben ser tomadas sobre la base de una apreciación política que determine el nivel de protección buscado. Dichas medidas deben, cuando es posible la elección, representar las soluciones menos restrictivas para los intercambios comerciales, respetar el principio de proporcionalidad teniendo en cuenta riesgos a corto y a largo plazo, y por último ser reexaminadas frecuentemente de acuerdo con la evolución de los conocimientos científicos. Por último, el Consejo Europeo acentuó la importancia de la consulta e información a la sociedad civil."
Renunciar a proyectos por el conocido principio de "la inacción por el análisis" o por escasez presupuestaria, ambas excusas habituales en nuestro entorno, supone no aprovechar todas las posibilidades de materialización de proyectos para mejorar nuestras vidas. Y esto también tiene un coste, en algunos casos muy elevado.
Supone, por ejemplo, no haber ejecutado gran parte de las depuradoras de aguas residuales necesarias en Balears para cumplir con la normativa vigente y, por tanto, haber contaminado torrentes, mar y acuíferos de forma continuada e intensa en el tiempo. Supone mantener vertederos en malas condiciones, con el consiguiente riesgo o certeza de contaminación de los acuíferos, de emisiones altamente contaminantes y de muchos otros impactos ambientales. Supone que en muchos municipios se consuma agua que no cumple la normativa de agua potable con el consiguiente riesgo para la salud de las personas y afección a los acuíferos por sobreexplotación. Supone que el tratamiento de residuos en Mallorca se haya quedado estancado desde hace 10 años... ¿Qué coste tiene todo esto para el conjunto de la población? Difícil pregunta, pero en todo caso, mayor que los posibles daños evitados.
Y todo porque no se aplica correctamente la resolución de Niza antes citada, o no quieren "privatizar" servicios públicos por cuestiones básicamente ideológicas. No parece razonable ¿verdad? Sobre todo porque no se privatizan, ya que la titularidad siempre sigue siendo de la Administración, como se ha dicho repetidamente en otros artículos.
Sabemos que las empresas privadas concurren a los contratos fundamentalmente para obtener beneficios y continuidad. Es su razón de ser y el fundamento del modelo económico en el que vivimos. Por tanto, lo que debemos exigir es que los beneficios obtenidos sean razonables en base a la inversión requerida y a la capacidad de gestión necesaria. No debemos olvidar que una premisa básica en la economía de la empresa es que un buen negocio solamente lo es cuando las dos partes obtienen un rendimiento positivo satisfactorio.
Una de las críticas más frecuentes que se pueden leer en relación con los proyectos de colaboración público-privada, fundamentalmente concesiones de servicios o de obra pública o de servicios públicos, se refiere al mayor coste de los mismos con respecto a los mismos proyectos ejecutados directamente por la Administración. Así, se nos dice que los proyectos privados requieren de un beneficio industrial que los públicos no necesitan y que los costes financieros que debe afrontar la empresa son superiores a los que debe afrontar la Administración. Además, siempre se añade que los proyectos acaban siendo mucho más caros de lo previsto inicialmente.
Con respecto a la primera crítica, cabe señalar que los proyectos realizados directamente por la Administración en realidad son materializados por empresas privadas en su inmensa mayoría, a través de contratos de obra o servicios. Por lo tanto, el beneficio industrial en buena parte se mantiene tanto en un caso como en el otro.
Es cierto que los contratos de concesión, al ser más largos y de mayor contenido, suponen un mayor beneficio para el adjudicatario. No obstante, ello se ve compensado en el caso de gestión directa de la Administración, por el sobrecoste del equipo de funcionarios y asistencias externas que deben realizar las tareas de gestión que se requieren para la ejecución del proyecto por la Administración.
¿Y qué decir en la actualidad de los costes financieros? Pues que, en el caso de España hemos visto cómo la Administración incluso perdía su capacidad de endeudamiento con la banca por falta de solvencia real, mientras que algunas empresas gozaban de crédito a más bajo interés. En consecuencia, difícilmente se sostiene el argumento del coste financiero.
Finalmente, el encarecimiento adicional de un proyecto desarrollado por gestión indirecta, que ocurre en muchos casos de la misma forma que ocurre también en proyectos desarrollados por gestión directa, depende fundamentalmente de que la Administración contratante haga bien su trabajo.
En resumen, se hace muy necesario para la Administración aprovechar todas las oportunidades para satisfacer las necesidades de la población. Para ello necesita disponer de un equipo que trabaje en la gestión de los proyectos con visión global, que entienda no solamente de procedimientos administrativos y contratación pública, sino de economía de la empresa en general, de la actividad concreta en la que se desarrolla el contrato, y que, defendiendo los intereses públicos, sea capaz de ponerse también en la situación del empresario y de los usuarios; y ver las cosas en su conjunto, con visión a largo plazo, y con mentalidad de colaboración, más que el habitual antagonismo entre Administración y contratista. De esta forma, mediante un trabajo analítico serio y responsable, seguro que se obtienen los mejores resultados para el conjunto de la sociedad.
