Absuelto un guardia civil de Mallorca acusado de distribuir 79.000 archivos de pornografía infantil

La jueza ha absuelto a un agente de la Guardia Civil de Mallorca que estaba acusado de compartir 79.000 archivos de pornografía infantil en internet. La sentencia señala que, pese a las sospechas, no se encontró material pedófilo en el ordenador y los discos duros requisados al agente, por lo que no hay pruebas contra él. Además, como sostenía el abogado defensor, Francisco Jesús Terrassa Ortuño, considera que la investigación de la Policía Nacional fue ilegal y vulneró derechos fundamentales del acusado al identificarle a través de una dirección IP sin autorización judicial. La Fiscalía reclamaba para el agente una condena de tres años de prisión por un delito de corrupción de menores.

El caso surgió en 2023, cuando el FBI estadounidense alertó a la Policía Nacional de la distribución de una ingente cantidad de material pedófilo por parte de un internauta aparentemente afincado en España. Los investigadores especializados de Madrid pidieron colaboración al grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura de Palma para identificar al usuario que estaba compartiendo las fotografías y vídeos sexuales de menores a través del programa de intercambio de archivos BitTorrent, detalla la sentencia.

Las gestiones de la Policía Nacional permitieron descubrir dos direcciones IP, una de las cuales tenía asociado el correo electrónico del agente de la Guardia Civil acusado. Tras recabar esta información, señala la magistrada, la Policía llevó a cabo un registro en su domicilio el 29 de junio de 2023 con autorización de un juzgado de instrucción de Manacor. Requisaron un ordenador de sobremesa y varios discos duros. Su contenido fue volcado y analizado, también con permiso del juzgado de instrucción.

Los investigadores encontraron diversas fotografías y vídeos y los cruzaron con las diferentes bases de datos de pornografía infantil. "Únicamente se localizó un gestor de descargas que no guarda registros de las descargas que se realizaron en el pasado, ya que fue creado con la finalidad de obtener privacidad y anonimato", destaca la sentencia. La jueza señala además que "tampoco se puede afirmar que se procediera al borrado del material de pornografía". De este modo, concluye que no ha quedado acreditado que el acusado cometiera delito alguno, por lo que decreta su absolución.

Pero además de considerar que no hay evidencias contra el guardia civil, la magistrada determina que la Policía Nacional vulneró sus derechos fundamentales durante la investigación, como sostenía el abogado defensor para pedir la nulidad del procedimiento. El fallo expone que "es necesaria autorización judicial para identificar al titular de una IP y obtener su nombre, domicilio y teléfono ante los operadores de telecomunicaciones", una garantía que no se produjo en este procedimiento. "La Policía puede obtener la IP, pero la vinculación a datos personales exige un control judicial para proteger la intimidad", explica. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial.

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