La Fiscalía pide 207 años de cárcel a diez acusados de prostituir a mujeres colombianas en Mallorca

La Fiscalía pide penas que suman 207 años de cárcel para diez supuestos miembros de una organización que explotaba sexualmente a mujeres colombianas en Mallorca. Los acusados supuestamente captaban a mujeres jóvenes en Colombia a las que engañaban, aprovechándose de su precariedad económica, para traerlas a España y forzarlas a ejercer la prostitución. La banda controlaba seis burdeles en Palma, Valencia y Talavera de la Reina (Toledo), donde las víctimas debían ofrecer sus servicios sexuales las 24 horas del día, bajo el control absoluto de la organización, para saldar abultadas deudas por su viaje a Europa. Además, eran obligadas a vender drogas a los clientes. Los sospechosos están acusados de delitos de trata de seres humanos, prostitución coactiva, explotación sexual, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra la salud pública y organización criminal. La Audiencia Provincial de Palma celebrará este jueves una vista previa del juicio.

El ministerio público, en su escrito de conclusiones provisionales, detalla que los diez procesados -la mayoría colombianos, pero también bolivianos y argentinos- formaban una estructura organizada que utilizaba sus contactos en Colombia para aprovecharse de chicas jóvenes y lucrarse con la prostitución. Ofrecían a las víctimas traerlas a España con falsas promesas de trabajo y costeaban los billetes de avión para el viaje. Una vez en Europa, las llevaban a los inmuebles que controlaban y les anunciaban que habían contraído una gran deuda por el traslado que debían saldar con sus servicios sexuales. La organización tenía tres pisos en las calles Donants de Sang, Begonia y Marià Canals de Palma y otros tantos en Valencia y Talavera.

Videovigilancia y amenazas

Las víctimas eran trasladadas de uno a otro inmueble y sometidas a un control continuo. Les quitaban el pasaporte para evitar que huyeran, les amenazaban con violentas represalias a sus familiares en Colombia, donde tenían contactos con bandas armadas, y contaban con cámaras de videovigilancia y micrófonos en los inmuebles, donde las chicas vivían hacinadas. Tenían que estar disponibles a todas horas seis días por semana. La Fiscalía detalla que la organización servía también en los burdeles drogas como cocaína, cannabis, anfetaminas, ketamina y éxtasis. Las mujeres eran las encargadas de ofrecer los estupefacientes a los clientes y en ocasiones se veían forzadas a consumirlos.

La banda actuó al menos entre 2020 y 2022, cuando la Policía Nacional llevó a cabo una gran operación para desmantelarla, en la que fueron liberadas cinco mujeres. La investigación se inició gracias a las denuncias presentadas por dos de las víctimas. Una de ellas contó que la red se aprovechó de su precaria situación económica, agravada por la pandemia. Su madre y su abuelo eran dependientes y uno de los miembros de la red les hizo un préstamo de 3.000 euros. Para saldar la deuda, la joven debía trasladarse a España para trabajar como camarera, según le anunciaron. Pero cuando llegó la forzaron a prostituirse en los diferentes burdeles de la organización. Otra de las víctimas relató a la Policía que la banda se aprovechó de que estaba sin trabajo y tenía dos niñas pequeñas para ofrecerle un supuesto trabajo de limpiadora en España.

La Fiscalía imputa un rosario de delitos a los diez encausados. Para la cabecilla de la red, una mujer boliviana de 45 años, el ministerio público reclama penas que suman 72 años de prisión. Para su lugarteniente solicita 34 años de reclusión, mientras el resto de procesados se enfrentan a penas de entre 9 y 20 años de cárcel.

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