Piden cárcel para cuatro acusados por un accidente que dejó parapléjico a un obrero en Son Vida

Cuatro encargados de las obras de construcción de un chalé en Son Vida, en Palma, se enfrentan a peticiones de hasta 12 años de cárcel y un millón de euros de indemnización por un accidente laboral que dejó parapléjico a un trabajador. La víctima se precipitó desde una altura de cuatro metros en una zona que no estaba debidamente protegida y trabajaba sin las medidas de seguridad necesarias, según sostienen la Fiscalía y el perjudicado, que ejerce la acusación particular. El obrero sufrió lesiones medulares muy graves que le han dejado importantes secuelas por las que ha quedado incapacitado. Las acusaciones imputan a los cuatro procesados delitos de lesiones imprudentes y contra los derechos de los trabajadores. El juicio se celebrará próximamente en un juzgado de lo penal de Palma.

Los hechos ocurrieron el 25 de febrero de 2022 en las obras de construcción de una vivienda unifamiliar con piscina en la calle Biniatró, en la lujosa urbanización Son Vida. Hacia las tres y media de la tarde, uno de los trabajadores, de 46 años, estaba en la planta sótano, realizando labores de encofrado del rebosadero de agua de una piscina. El hombre colocaba un puntal que se le resbaló y, al caer al suelo, hizo palanca y golpeó a la víctima, que salió impulsado hacia adelante y se precipitó al vacío desde una altura de cuatro metros.

Complicado rescate

El obrero acabó malherido en una zona de difícil acceso y tuvo que ser rescatado por los bomberos. Los especialistas llegaron hasta él, lo inmovilizaron en una camilla y lo izaron utilizando las grúas de la propia obra. El trabajador fue evacuado en una ambulancia del 061 hasta el hospital Son Espases. Los médicos comprobaron que había sufrido lesiones medulares y otras heridas graves, por las que tuvo que ser operado de urgencia. Estuvo más de cuatro meses hospitalizado y como secuelas le quedaron graves problemas de movilidad, que le suponen una pérdida de calidad de vida y que le han dejado impedido para desempeñar su profesión.

La investigación abierta por la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo revelaron, según argumentan las acusaciones, graves deficiencias en la seguridad de la obra. En la zona donde se precipitó la víctima solo había una malla de señalización naranja que indicaba el riesgo de caída en altura, pero que no puede ser considerada una medida de protección. Además, no consta que existieran barandillas ni arneses de protección debidamente anclados a un punto fijo, equipamiento que no se había entregado al trabajador afectado.

Un millón de euros

La Fiscalía y la acusación particular acusan de estas deficiencias a los dos encargados de la obra por parte de la constructora y de la subcontrata, al jefe de obra y al coordinador de seguridad y salud. De acuerdo con su tesis, los cuatro desatendieron sus obligaciones de controlar, vigilar y garantizar que la víctima realizara su trabajo en condiciones de seguridad. "Con su proceder, contribuyeron de manera determinante a la creación de un grave riesgo para la vida e integridad física del trabajador accidentado", señalan en sus escritos de acusación.

El ministerio público reclama sendas condenas de un año y medio de cárcel para cada uno de los procesados por delitos de lesiones imprudentes y contra los derechos de los trabajadores, así como su inhabilitación durante el mismo tiempo. La Fiscalía solicita una indemnización de 304.000 euros para el afectado. La acusación particular, por su parte, solicita tres años de prisión para cada acusado y una compensación económica de 1.005.109 euros.

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