Un guardia civil acusado de pornografía infantil alega irregularidades en la investigación

Un agente de la Guardia Civil de Mallorca acusado de distribuir pornografía infantil sostiene que la investigación está plagada de errores e irregularidades. El abogado defensor sostiene que la Policía Nacional llevó a cabo diligencias sin la pertinente autorización judicial y destaca que en el ordenador del sospechoso no se encontró ningún archivo de contenido pedófilo. Así, reclama la absolución frente a los tres años de cárcel por corrupción de menores que solicita la Fiscalía. El juicio debía celebrarse ayer, pero acusación y defensa acordaron su aplazamiento para que un perito informático pueda tener acceso a toda la documentación de la causa para aportar un dictamen. La magistrada señaló la vista oral para el próximo mes de febrero.

La investigación se remonta a principios de 2023. El grupo de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional detectó la distribución de al menos 79.104 archivos de contenido pedófilo mediante un programa de intercambio. El rastreo, según fuentes del proceso, se realizó mediante una plataforma del FBI estadounidense diseñada para combatir este tipo de delitos. Las gestiones, bautizadas como 'Operación Sabueso', les llevaron hasta un domicilio de Campos.

La Policía identificó dos direcciones IP a través de las cuales, entre abril y junio de 2023, se descargaron y compartieron varios archivos de menores en actitud sexual, según sostiene la Fiscalía. La defensa argumenta que estas labores de rastreo por parte de la Policía se llevaron a cabo, al menos en parte, sin la pertinente autorización judicial. Así lo expuso ayer en el trámite de cuestiones previas al comienzo del juicio en un juzgado de lo penal de Palma.

Los investigadores acabaron llevando a cabo un registro en el domicilio del guardia civil en junio de 2023. Requisaron un orden de sobremesa, en el que no se encontró ningún archivo pedófilo. Los agentes sostienen que las descargas fueron borradas dos días antes del registro, deslizando así que pudo haberse producido un chivatazo que permitió al acusado eliminar evidencias.

El abogado defensor señaló también que el perito informático contratado para rebatir las conclusiones de la Policía Nacional no había podido acceder a toda la documentación del procedimiento, por lo que solicitó el aplazamiento del juicio. La fiscal no se opuso y la magistrada así lo acordó.

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