Cristian Lacoma, el mallorquín capturado en Colombia, está acusado también de dar una paliza por encargo en Calvià
El culturista que se había fugado de la isla se enfrenta a otra petición de más de tres años de prisión por la agresión
El caso fue juzgado sin él y dos personas acabaron condenadas por su implicación
El mallorquín Cristian Lacoma, tras su detención en Colombia. / POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Cristian Lacoma, el mallorquín detenido esta semana en Colombia, tiene otra causa pendiente en los juzgados de Palma por dar una paliza por encargo a un hombre en Calvià. Por esta agresión la Fiscalía reclama para él tres años y tres meses de prisión. Este proceso se suma a las acusaciones de tráfico de anabolizantes e inmigración ilegal por las que había sido puesto en busca y captura internacional en 2024 y que han propiciado su arresto en el país sudamericano.
El caso de la paliza fue juzgado el pasado mes de abril sin Lacoma, que ya estaba declarado en rebeldía. Los hechos se remontaban a octubre de 2019. Dos hombres abordaron a la víctima en Son Ferrer y se identificaron como guardias civiles. Le obligaron a mostrarles su DNI y le propinaron varios golpes. Cuando la víctima cayó al suelo, le metieron una pistola en la boca. La víctima sufrió diversas lesiones, tuvo que ser atendido en Son Espases y tardó tres semanas en recuperarse. La Fiscalía sostiene que Lacoma fue uno de los agresores y que habría actuado por encargo de otra persona, que acabó siendo condenada a un año y medio de prisión por delitos de lesiones y amenazas. El móvil del ataque habría sido una venganza por una agresión que atribuían a la víctima.
Con esta, son ya tres los procesos judicial que Lacoma tiene abiertos en la isla. Además de la paliza por encargo, está procesado por su supuesta implicación en una red de tráfico de anabolizantes que distribuía esta sustancia dopante en gimnasios de Palma y Calvià. La causa, también juzgada sin su presencia, acabó con 14 condenados y Lacoma se enfrenta a una petición fiscal de dos años y medio de cárcel. También está acusado de liderar una red para regularizar de manera fraudulenta la situación en España de migrantes irregulares, por la que la Fiscalía le pide cinco años de prisión. En este caso, otros seis acusados quedaron absueltos.
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