Tribunales

Trece condenados por un trama de contratos falsos para cobrar subsidios en Mallorca

Los acusados aceptan penas de entre seis y diez meses de prisión y devolver casi 30.000 euros que cobraron del SEPE y la Seguridad Social de manera irregular

Los acusados reconocieron los hechos en el juicio celebrado ayer en el edificio de sa Gerreria, en Palma. | M.O.I.

Los acusados reconocieron los hechos en el juicio celebrado ayer en el edificio de sa Gerreria, en Palma. | M.O.I.

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Trece personas fueron condenadas ayer en Palma por una trama de contratos de trabajo falsos para cobrar subsidios o regularizar la situación en España de migrantes sin papeles. Los cuatro cabecillas del fraude, que cobraban por facilitar estos documentos, aceptaron penas de diez meses de prisión y nueve trabajadores que gracias a estos contratos percibieron prestaciones indebidas se conformaron con seis meses de cárcel cada uno tras el acuerdo global alcanzado con la Fiscalía.

Todos se declararon autores de delitos de falsedad en documento oficial y estafa con la atenuante de dilaciones indebidas, ya que la causa ha tardado doce años en llegar a juicio, durante la vista celebrada ayer en un juzgado de lo penal. Deberán devolver cerca de 30.000 euros que recibieron indebidamente del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de la Seguridad Social.

El fraude se cometió entre 2011 y 2013. Los líderes de la trama crearon dos empresas que simulaban tener actividad pero cuyo fin no era más que cobrar a personas en apuros -muchos de ellos migrantes- a cambio de simular un contrato de trabajo y darles de alta en la Seguridad Social. Con ello, los falsos empleados conseguían cobrar de manera fraudulenta diversas ayudas públicas, como subsidios de desempleo o prestaciones por maternidad. Con estos contratos, los extranjeros en situación irregular conseguían también legalizar su estancia en España.

Uno de los cabecillas del fraude trabajaba como administrativo en una gestoría y se encargaba de elaborar los contratos falsos. El centro de operaciones de la red era el bar que otro de los procesados tenía en Palma, donde se recopilaban los documentos necesarios para cometer el fraude.

El entramado fue desarticulado en una operación de la Policía Nacional a principios de 2013, después de que la Inspección de Trabajo detectara las irregularidades en las dos empresas. 27 personas fueron imputadas por su implicación en el fraude.

La Fiscalía acabó llevando a juicio a 18 acusados por delitos de falsedad en documento oficial y estafa, con peticiones de hasta dos años y nueve meses de prisión por cabeza. El ministerio público y las defensas cerraron finalmente ayer un acuerdo de conformidad. Trece de los encausados reconocieron su implicación en fraude y se conformaron con penas de entre seis y diez meses de prisión, además de comprometerse a devolver más de 28.000 euros por las cantidades que cobraron de forme irregular. La acusación retiró los cargos contra otros cuatro acusados y otro ha fallecido antes del juicio.

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