Un informe de la defensa cuestiona la investigación del crimen de Es Carnatge

El documento critica que no se investigasen otras líneas y asegura que la Policía partió de una premisa errónea

También se indica que de la escena del crimen desapareció un candelabro que, según los peritos, podría coincidir con el arma homicida

El acusado, Ricardo A.M, para el que se piden 25 años de cárcel, lleva ya dos en preventiva por ser el supuesto autor del asesinato y del posterior incendio de la chabola de la víctima

Jordi Sánchez

Jordi Sánchez

Un informe elaborado por el criminólogo Eduardo Navasquillo y encargado por la defensa del acusado del crimen de Es Carnatge cuestiona la investigación realizada por el Grupo de Homicidios de Baleares de la Policía Nacional en el caso del indigente asesinado y quemado en su chabola en Palma el pasado 25 de enero de 2022.

Aquella noche, alrededor de las tres menos cuarto de la madrugada, los bomberos fueron alertados de que se había declarado un incendio en un chabola situada en un descampado de la calle Déntol, en es Carnatge. Cuando sofocaron las llamas, que arrasaron completamente el habitáculo, hallaron un cadáver carbonizado.

Aunque la primera hipótesis apuntaba a unas estufas como origen del incendio, las pruebas recabadas dieron un vuelco al caso. La autopsia reveló que la víctima había muerto al ser golpeada en la cabeza y que el incendio había sido provocado de forma intencionada después. Fue necesario recurrir a pruebas de ADN para identificar a la víctima, que resultó ser Melanio Valverde, un cubano de 56 años que llevaba un tiempo viviendo en la chabola.

Un año después, el 21 de febrero de 2023, la Policía detuvo a Ricardo A.M., de 32 años, como presunto autor del crimen. El hombre, vecino de la zona y con antecedentes por delitos menores, admitió que conocía a la víctima porque solía pasear con su perro por es Carnatge. Reconoció también que en alguna ocasión bebieron cervezas juntos y que el coche que aparecía en la grabación de una cámara de seguridad próxima a la vivienda de la noche del crimen era el suyo. Pero en todo momento se desvinculó del asesinato. El hombre permanece en prisión provisional desde que fue detenido y la acusación pide para él 25 años de prisión.

Premisa errónea

El informe aportado por la defensa del acusado señala que la principal línea de investigación de la Policía partió de una premisa errónea: apuntan que se asumió que el cuerpo de la víctima se encontraba en la misma posición en la que solía dormir. No obstante, el documento aprecia que el análisis forense indica que la postura adoptada por el cadáver responde a la llamada “postura de boxeador”, una reacción fisiológica común en cuerpos calcinados. Este dato, incluido en la autopsia del Instituto de Medicina Legal, invalidaría para la defensa la teoría de que el agresor conocía los hábitos de sueño de la víctima y, por ende, descartaría la hipótesis de que el asesino debía ser alguien cercano.

Además, el informe encargado por la letrada critica que los investigadores descartaran otras líneas de investigación al centrarse únicamente en el círculo de conocidos del fallecido. La víctima, identificada como Melanio Valverde, y según se desprende del texto aportado por las letradas, era una persona de riesgo por su situación de indigencia, su implicación en la prostitución y sus antecedentes conflictivos, incluyendo una condena por agresión y acusaciones de maltrato animal. Pese a ello, el informe señala que la Policía no amplió el abanico de sospechosos.

Pruebas físicas contra el acusado

Otro de los puntos en los que concluye el citado informe criminológico es en la falta de evidencias físicas que vinculen al acusado, Ricardo A.M., con el crimen. La Policía habría basado su acusación en indicios circunstanciales, omitiendo errores de bulto en la investigación, , según la defensa.

El documento incide en tres puntos en los que la defensa también se apoya para descartar a su cliente como autor del crimen. Según el análisis criminológico de Navasquillo, se aseguró haber encontrado medicación del acusado en la chabola del fallecido, pero también se señala que dicho medicamento solo podía obtenerse con receta médica, y en el momento del crimen, el acusado no tenía ninguna prescripción.

Además, el informe también apunta que se identificó erróneamente el vehículo del acusado en una maniobra sospechosa en la zona del incendio. Según el informe, el coche captado por las cámaras no era un Dacia Sandero, como el que posee el acusado, sino otro modelo diferente, aunque el acusado reconociese durante los primeros interrogatorios que sí que se trataba de su vehículo. .

Por último, el documento elaborado en Madrid a petición de la defensa asegura que se permitió la contaminación de la escena del crimen. Según se señala, la Policía no acordonó correctamente la zona, permitiendo la entrada de personas ajenas. Como resultado, desapareció un candelabro que, según los peritos, podría coincidir con el arma homicida. Además, se introdujo un martillo que posteriormente fue reclamado por su propietario, pero que llegó a ser analizado como posible arma del crimen.

Autoría del crimen

El informe criminológico también cuestiona el perfil del asesino. A pesar de ser un documento preliminar, se apunta a que el autor del crimen probablemente sea diestro, mientras que el acusado es zurdo. Además, Ricardo A.M. ha negado cualquier implicación en el asesinato. En su declaración ante la Policía, reconoció conocer a la víctima y haber compartido alguna cerveza con él en el pasado, pero aseguró no tener ningún motivo para matarlo.

Las abogadas defensoras, Sara María Pérez y Margarita Toro, han defendido desde el inicio la inocencia de su cliente y sostienen que, de haberse realizado una investigación correcta, no habría sido necesario recurrir a un informe pericial externo. No obstante, debido a la vulnerabilidad económica del acusado y su familia, no pudieron presentar este documento hasta ahora.

Prisión provisional y prórroga de la medida

Ricardo A.M. lleva dos años en prisión provisional a la espera de juicio. Este miércoles se celebrará una vista ante el magistrado-presidente del Tribunal del Jurado, Javier Burgos Neira, para determinar si se prorroga esta medida cautelar. El juicio, que se desarrollará ante un jurado popular, está previsto para los próximos meses.

La defensa insiste en que la acusación contra su cliente se basa en una investigación sesgada y deficiente, mientras que la familia de la víctima, que ejerce la acusación particular, sostiene que las pruebas recabadas son suficientes para demostrar su culpabilidad. La última palabra la tendrá la justicia.

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