Tribunales
Piden 239 años de cárcel a la Paca y otros 44 acusados por narcotráfico
La Fiscalía acusa a la matriarca y el resto de procesados, varios de ellos familiares suyos, de formar una gran red que distribuía importantes cantidades de droga en Son Banya y otros puntos de la isla
Francisca Cortés, ‘La Paca’, al ser puesta a disposición judicial tras su detención en marzo de 2022. / L.M.
La Paca volverá a sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial por traficar con drogas. Lo hará junto a otros 44 acusados, varios de ellos familiares suyos, para quienes la Fiscalía reclama penas que suman 239 años y medio de prisión multas de 15,1 millones de euros. La acusación sostiene en su escrito de conclusiones que formaban una gran red dedicada a la introducción en Mallorca de importantes partidas de droga que luego se vendían en Son Banya y otros puntos de la isla. La Paca, que se enfrenta a una petición de cinco años de prisión, acudió ayer por la mañana a los juzgados de Vía Alemania para recoger en persona el escrito.
El ministerio público otorga a la matriarca, que está actualmente en tercer grado tras pasar 14 años presa por causas anteriores, un papel secundario en el entramado. Según los investigadores, la Paca abastecía de drogas a uno de sus sobrinos cuando este tenía algún contratiempo para conseguirlas por otras vías. Durante la operación que llevó a cabo la Guardia Civil a principios de 2022, los agentes encontraron en un domicilio de la Paca en s’Hostalot 15.000 euros en efectivo y 304 gramos de cannabis. La principal prueba de cargo contra ella es una conversación intervenida a su sobrino: «Mi tía, La Paca, ha traído una coca buena, me ha dicho que tiene 300 gramos», dijo. La mujer siempre ha negado estas acusaciones. «Llevo tres meses en libertad condicional. Es fácil comprender que no estoy vendiendo drogas», declaró Francisca Cortés Picazo ante el juez tras su detención. Sobre el domicilio donde fue incautada la droga alegó que acudía allí solo para visitar a sus nietos.
Los 45 sospechosos están acusados de distribuir cocaína, heroína, MDMA, marihuana y hachís al menos entre enero de 2021 y marzo de 2022. La red estaba dirigida por Isidro Cortés Picazo, ‘el Moreno’, hermano de la Paca, y su yerno, David Molina, que había asumido la dirección del clan por el precario estado de salud de su suegro. Varios miembros de la familia participaban en el negocio de la droga, con seis puntos de venta en el poblado de Son Banya. Contaban con una extensa red de colaboradores para custodiar las partidas de estupefacientes y mantener abiertos los puntos de venta durante todo el día. Uno de los miembros del clan tenía una plantación de marihuana en s’Aranjassa, donde se incautaron 126 plantas y 16 lámparas, y otro se encargaba de comprobar la posible instalación de dispositivos de seguimiento o escucha en los vehículos que utilizaban.
El clan del Moreno abastecía de drogas a otros grupos de Son Banya, como el de la Taílla o el Paraguayo, y de diferentes puntos de Mallorca, como Son Gotleu, Inca, Llucmajor o la Colònia de Sant Jordi.
Taller mecánico
Los traficantes de la isla conseguían las drogas por diferentes vías. La marihuana procedía de tres plantaciones situadas en diferentes inmuebles de Palma. La cocaína y el hachís llegaba desde Tarragona, donde estaba afincado un grupo de seis marroquíes, y a través de otro grupo de españoles. Estos utilizaban, siempre según la Fiscalía, el taller mecánico que regentaba uno de ellos en Palma para preparar vehículos en los que ocultar la drogas para traerlas desde la península a la isla.
La organización fue desmantelada en una gran operación de la Guardia Civil a finales de marzo de 2022. Tras varios meses de pesquisas del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA), los investigadores llevaron a cabo 53 registros en diversos puntos de Mallorca y tomaron el poblado de Son Banya. Los agentes se incautaron de drogas, útiles para manipularlas, dinero en metálico y numerosos vehículos.
Concluida la investigación por parte del juzgado de instrucción de Palma encargado del caso, la Fiscalía acusa a 45 personas de delitos contra la salud pública y de pertenencia a grupo criminal. Por ellos reclama penas que oscilan entre dos y ocho años de cárcel y multas de hasta 700.000 euros por cabeza. El ministerio público aplica la agravante de reincidencia a 14 de los procesados, entre ellos la Paca, por sus antecedentes penales por narcotráfico. La jueza ha dictado ya el auto de apertura de juicio oral y remitirá la causa a la Audiencia Provincial.
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