Cinco detenidos en Mallorca por explotar a más de 185 trabajadores irregulares

Utilizaban una empresa ficticia para ofrecer servicios de cuidados y limpieza por los que ingresaron seis millones

Detienen en Mallorca a cinco personas por explotación laboral, falsedad y favorecimiento de la inmigración ilegal

Policía Nacional

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

La Policía Nacional ha desmantelado en Palma una organización criminal que habría explotado a más de 185 migrantes en situación irregular a través de una empresa que ofrecía servicios de cuidados y limpieza. Los acusados se aprovechaban de la precaria situación de los empleados para hacerlos trabajar sin respetar sus periodos de descanso ni derecho a vacaciones, pagándoles sueldos muy inferiores a los fijados en convenio y sin cobertura sanitaria. La organización ingresaba unos 200.000 euros al mes por estos servicios y a lo largo de sus dos años y medio de existencia los beneficios rondarían los seis millones de euros, según las estimaciones de la Policía Nacional. El cabecilla tenía a su nombre 25 cuentas en 13 bancos diferentes y desviaba el dinero a otros países. Los sospechosos están acusados de delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental, según informó ayer la Policía. 

La cifra de víctimas sitúa a esta empresa como la que más trabajadores en situación irregular tenía de las detectadas hasta la fecha en Balears. La investigación, llevada a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, comenzó el pasado mes de julio. Los sospechosos habían creado una empresa ficticia, dotándola de aparente legitimidad con folletos y anuncios publicitarios. Llegaron a ser recomendados por trabajadores sociales de ayuntamientos y hospitales públicos de Mallorca tras engatusar a los funcionarios de estos organismos.

Ni descansos ni vacaciones

La empresa ofrecía servicios de cuidado a personas dependientes, empleadas del hogar y trabajos de limpieza. Estas labores eran desempeñadas por ciudadanos extranjeros en situación irregular en España, la mayoría mujeres, que debido a su precaria situación aceptaban condiciones de clara explotación laboral. Buena parte de ellas eran contratadas como internas y trabajaban más de seis días a la semana, sin respetar los periodos de descanso, sin ningún tipo de cobertura sanitaria o seguro de accidentes y sin derecho a vacaciones. Percibían un salario muy inferior al establecido y tenían solo dos horas diarias consecutivas de descanso.

El líder de la organización tramitaba un seguro con el que obtenían una tarjeta sanitaria, que solo servía para engañar tanto a las trabajadoras como a los clientes, ya que no abonaba las cuotas y las trabajadoras no tenían derecho a la asistencia médica. De hecho, una de ellas se rompió un hueso del pie en un accidente laboral y cuando acudió al hospital le informaron de que su seguro no estaba en vigor por los impagos.

La primera fase de la operación policial permitió detectar un delito de falsedad documental cuando una de las empleadas presentó un certificado falso de alta en la Seguridad Social con el que pretendía obtener el permiso de residencia en España. En la segunda fase se consiguió identificar al responsable de la organización y a sus colaboradores. El principal acusado tenía a su nombre 25 cuentas bancarias en 13 bancos distintos, algunas de ellas en una capital europea para eludir el pago de impuestos.

Seis millones de euros

La operación culminó el pasado día 20, cuando los agentes arrestaron a los sospechosos y llevaron a cabo dos registros domiciliarios, en los que se incautaron de abundante documentación que está siendo analizada. 

A la espera de examinar estas pruebas, la Policía ha constatado que la organización ingresaba unos 200.000 euros mensuales. Teniendo en cuenta que llevaban dos años y medio actuando, habrían conseguido unos seis millones de euros.

Dos de los sospechosos están acusados además de un delito de intrusismo, ya que se hacían pasar por fisioterapeutas y trataban a ancianos sin tener la titulación necesaria.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación.

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