Tribunales

Los forenses sostienen que la liposucción mortal "no se hizo en el lugar adecuado"

Los expertos señalan que no se valoró correctamente el riesgo de la intervención ni se tomaron las medidas adecuadas cuando surgieron complicaciones

Los acusados, durante el juicio.

Los acusados, durante el juicio. / MANU MIELNIEZUK

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Los médicos forenses han asegurado hoy en el juicio por la muerte de una mujer durante una liposucción en Palma que la intervención "no se hizo en el lugar adecuado". Según han explicado, el anestesista y el cirujano acusados minimizaron el riesgo de la operación y no adoptaron las medidas adecuadas para actuar ante posibles complicaciones ni actuaron adecuadamente cuando surgieron.

Los dos peritos que practicaron la autopsia a la víctima y elaboraron informes sobre la atención que recibió han señalado que la liposucción a la que se sometió debió llevarse a cabo "en un hospital que tuviera una UCI al lado del quirófano". "Hubo un error en la valoración de los riesgos, consideraron que eran bajos, pero eran altos", han señalado. Además, han explicado que la mujer falleció debido a una embolia provocada por la grasa que acabó en sus pulmones. En este sentido, han señalado que los procesados "deberían haber aspirado más líquido y luego poner un vendaje compresivo".

También han señalado que cuando la víctima sufrió una parada cardiaca debió ser "trasladada de forma urgente" a una UCI, pero los servicios de emergencias no fueron alertados hasta una hora después. Por otro lado, han señalado que los acusados deberían haber tenido reservas de sangre para actuar ante la hemorragia que padeció la mujer. "Se hubiera podido paliar", han sentenciado. "Era previsible y reversible", han añadido.

El juicio continuará el viernes de la semana próxima, cuando está previsto que las partes presenten sus conclusiones definitivas y el caso quede visto para sentencia. La fiscal solicita inicialmente para cada uno de los acusados una pena de tres años de prisión y que indemnicen a los hijos de la fallecida con 240.000 euros. Por su parte, la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias (Avinesa), que ejerce la acusación particular a través del abogado Rafael Martín Bueno, solicita para cada uno de los dos encausados una pena de cuatro años de prisión por los presuntos delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro.