Fraude

Estafó 172.000 euros a la Seguridad Social haciéndose pasar por su padrastro muerto y Unicaja deberá pagar ahora su multa

El Tribunal Supremo dicta que sea el banco el que asuma la indemnización por la insolvencia del estafador

Una oficina de Unicaja Banco.

Una oficina de Unicaja Banco. / UNICAJA - Archivo

Alberto Muñoz

Unicaja ha sido condenada a indemnizar a la Seguridad Social con 172.000 euros después de que el banco fuera engañado por un hombre que se hizo pasar por su padrastro fallecido durante 18 años para seguir cobrando su pensión. Así lo ha confirmado el Tribunal Supremo en una sentencia del pasado 3 de marzo a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, y en la que se detalla cómo el estafador, que ha sido condenado a dos años de prisión y se ha declarado insolvente, fue a una de las oficinas con un DNI falso para que se le hiciera una cartilla nueva de la cuenta del difunto para poder seguir así sustrayendo el dinero.

El hombre, ahora de 67 años, firmó el certificado de defunción de su padrastro cuando este falleció en junio de 1999, pero no informó de lo sucedido a la Seguridad Social. En ese momento, la pensión que percibía en un banco de Málaga era de 46.810 pesetas, alrededor de 233 euros, que se convirtieron, durante los 18 años que duró la estafa continuada, en una cifra total que alcanzó los 172.077 euros.

Cuenta congelada

Entre 1999 y 2007, la Justicia detectó varios traspasos de entre 6 y 8 euros en ambas direcciones, es decir, que el dinero salía de la cuenta del padrastro y, un par de días después, el estafador la devolvía. Sin embargo, en 2010 ingresó en prisión por otro motivo, razón por la que, durante seis meses, la cuenta no registró ningún movimiento.

En diciembre de ese mismo año, sin embargo, las transferencias se reactivaron, hasta que, en marzo de 2015, Unicaja, el banco en el que estaba alojada la cuenta de su padrastro, decidió bloquearla por no tener ficha de cliente y por no disponer del Documento Nacional de Identidad del titular.

El estafador, que no fue puesto en libertad según la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias hasta marzo de 2016, estuvo por tanto hasta entonces sin poder hacer uso del dinero que la Seguridad Social le estaba pagando a su padrastro en concepto de pensión. Esperó, sin embargo, un año más, concretamente hasta marzo de 2017, hasta que se atrevió a intentar recuperar el control de la cuenta.

El banco se tiene que hacer cargo de la deuda

El 13 de marzo de ese año, una persona acudió a la sucursal de Unicaja para modificar los datos personales, imprimir y firmar la ficha de cliente y realizar algunas transacciones. Para ello presentó un carnet de identidad que resultó ser falso, aunque el engaño funcionó y el personal le entregó una cartilla nueva y un pin para poder acceder libremente a ese dinero.

Apenas tres meses después, tiempo durante el que el estafador intentó extraer todo el dinero posible, saltó una alarma dentro del banco por posible fraude y por la posible falsificación del DNI presentado. A partir de ahí, y detectado el delito, el banco tuvo que abonar a la Seguridad Social el dinero que se había ingresado en la cuenta entre 2013 y 2017, es decir, 42.868 euros, pero se abrió un nuevo frente en el proceso: ¿Quién debía hacerse cargo de los 129.209 euros más intereses restantes?

El responsable más inmediato, el estafador, presentó un auto de insolvencia en 2019 que fue aceptado por la Justicia, por lo que el responsable civil subsidiario pasó a ser inmediatamente después el banco, que además era quien había custodiaba el dinero y quien fue engañado por el documento de identidad falso.

Unicaja, que ha llevado el tema hasta las más altas instancias, ha recibido ahora la negativa del Tribunal Supremo al intentar que se considerara todo lo estafado previo a 2013 como un delito prescrito, pues el hecho de que la estafa haya sido continuada elimina la prescripción.

20 años cobrando la pensión de la abuela

El caso no es el único similar que se ha visto en los tribunales en la última semana. En la Audiencia Provincial de Madrid, un hombre que había sido acusado de cobrar 20 años la pensión de su abuela fallecida ha aceptado una condena de seis meses de cárcel, pues asegura que no había sido consciente del delito hasta que la UDEF le informó de los ingresos en una cuenta de la que era cotitular junto a su madre, fallecida hace un año, y de la que nunca hizo uso.

Sin embargo, según el escrito de acusación, en esa cuenta en la que se ingresaban mensualmente 700 euros eran cotitulares los tres y se hicieron compras con la tarjeta hasta noviembre de 2015, momento en el que el Instituto Nacional de la Seguridad Social se dio cuenta de lo sucedido. El hombre, que ya había reintegrado 111.544 euros del dinero cobrado irregularmente, todavía tiene que devolver 37.250 euros más.