Maltrato familiar

Un padre, investigado tras denunciar desde EEUU su hija el maltrato a su hermano

Una joven denuncia un grave caso de presunto maltrato familiar en Vigo tras recibir los mensajes de Snapchat de su hermano menor | El cabeza de familia, médico, investigado

Imagen de archivo de una manifestación contra la violencia machista celebrada en Vigo.

Imagen de archivo de una manifestación contra la violencia machista celebrada en Vigo. / RICARDO GROBAS

Marta Fontán | @martifontan

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Este es parte del contenido de un correo electrónico recibido el 18 de mayo de 2022 por el grupo UFAM de la Policía Nacional de Vigo. La remitente, una joven de 33 años, en la actualidad afincada en EEUU, que escribió un largo y duro texto relatando a los agentes de esta unidad la violencia sufrida durante décadas por la familia ejercida supuestamente por su padre y que, tras años de silencio, decidió exteriorizar al recibir esos desesperados mensajes a través de la aplicación Snapchat del menor de sus hermanos, de 13 años, que reside en la ciudad olívica con su madre y en las fechas de la denuncia también con su progenitor. La reacción policial a ese email fue inmediata y derivó en la detención del cabeza de familia, un sexagenario médico de profesión, por presunto maltrato a su hijo pequeño y a su esposa. El riesgo se calificó policialmente de “alto”. La instrucción judicial permanece desde entonces abierta en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo por la presunta comisión por parte del investigado de hasta seis delitos: maltrato habitual en el ámbito familiar, maltrato, amenazas e injurias sobre la mujer en relación con su esposa y maltrato e injurias en la persona del menor. El hombre negó la autoría de los hechos en su declaración judicial.

La familia es de origen argentino pero se trasladó a Vigo hace dos décadas. El matrimonio tuvo tres hijos: la hija mayor hoy afincada en EEUU, otro hijo que vive en otra comunidad española y el pequeño, de 13 años. Tras la detención del padre en mayo, la jueza acordó su libertad provisional, imponiéndole una orden de alejamiento con respecto a su esposa y el menor de sus hijos –que ya expiró y que rechaza prorrogar–. A mayores, en relación con el niño, se atribuyó la guarda y custodia a la madre y se suspendió, con respecto al investigado, su derecho a tener visitas y comunicaciones con él.

“Cuando vi lo que me escribía mi hermano me dije ‘basta’. No podía permitir que con su corta edad le arruinaran la vida y que pasase por lo que pasé yo, que me ha dejado un trauma muy profundo”, afirma la hermana mayor a FARO. Esta joven viajó en noviembre desde EEUU a Vigo para comparecer en el juzgado, donde declaró y confirmó lo relatado en el correo a la Policía. Un texto en el que describe de forma cruda los supuestos graves episodios de maltrato y “tortura” sufridos por ella, sus hermanos y su madre “desde que tengo uso de razón”: desde “palizas” a episodios con “orina y heces”. “Una de mis primeras memorias es de cuando yo tenía 3 años, íbamos a ir a la piscina; fue el primer día que ese hombre golpeó a mi madre”, dice.

Relación

Ella, que relata que su padre la “echó” de casa, y su hermano mayor cortaron “toda relación” con su progenitor. Este joven, tras hacerlo su hermana, fue también en mayo a una comisaría para denunciar las “agresiones” que sufrió la familia. La mayoría de esos hechos están prescritos, pero no los que se investigan ahora con respecto a la madre y al hermano menor.

Tras denunciar los dos hermanos mayores y a raíz de las medidas judiciales, el padre, médico en otra provincia gallega, se trasladó desde Vigo a vivir a dicho lugar. Su esposa, que en su día llegó a ir a la Casa de la Mujer sin atreverse a denunciar, sí ha declarado ahora en el proceso judicial abierto, relatando que su marido la agredió “física y psicológicamente” desde 1993, la primera vez en ese episodio de antes de ir a la piscina y la última este 2022, semanas antes del arresto de su marido, del que ahora se está divorciando. La mujer reconoció además que lo vio “agredir” al menor de sus hijos y que los mayores se fueron por todo lo vivido, la casa era una “cárcel para ellos”. “Siempre di opciones a mi madre para que saliese de esa situación y ella no lo hacía; durante mucho tiempo nos falló, pero ahora parece que por fin ha despertado”, afirma su hija.

El investigado lo niega todo. Alega que el testimonio de su esposa es fruto de la “influencia” de sus hijos mayores, que, considera, le tienen rencor por no haberle dispensado “caprichos” en su día.

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La causa judicial está ahora a la espera de un testimonio clave, el del hijo pequeño del matrimonio, fijado para enero como prueba preconstituida. Y también está pendiente de que la Audiencia Provincial de Pontevedra resuelva un recurso presentado por la abogada de la acusación particular contra el auto de la jueza que ha denegado, dos veces, prorrogar la orden de protección concedida en su día a la esposa y al menor. Esa medida de alejamiento y de prohibición de comunicación había sido acordada tras la detención y puesta en libertad provisional del investigado, con vigencia desde el 20 de mayo hasta el 31 de agosto. Al cumplirse el plazo, la letrada pidió la prórroga, al igual que el Ministerio Fiscal, que instó su extensión por seis meses más, pero la instructora lo rechaza.

“La situación es muy delicada, es increíble que unos hechos así ocurran en una ciudad como Vigo”, valora la abogada de la acusación, Josefina Barreiro Alonso, que sostiene, como el fiscal, que persisten los indicios que justifican la orden de protección. El Ministerio Público, en su escrito, aprecia una “situación de peligro” para la mujer y el niño, “a la vista del control y violencia” a los que habrían sido sometidos por el cabeza de familia “en la intimidad del hogar”, que “vio la luz” tras la denuncia y “petición de auxilio” del menor. Frente a ello, la jueza dice que no ha lugar a la medida porque ya “no subsiste el riesgo objetivo” porque la Policía Nacional redujo el riesgo de “alto” a “medio” tras no haberse producido “incidencias” en el cumplimiento del alejamiento tanto mientras estuvo vigente como a posteriori. El que el investigado resida ahora en una provincia distinta y que se separase físicamente de las presuntas víctimas “sin exteriorizar ánimo de venganza” son otros argumentos del auto judicial.

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