Piden seis años de cárcel por la muerte de un trabajador en el aeropuerto de Palma

«Existió una falta flagrante de medidas de seguridad». Con estas palabras ha definido este jueves un inspector de Trabajo las irregularidades que detectó en unos trabajos realizados en el aeropuerto de Son Sant Joan, donde murió Salvador Cervero Verdeguer, operario de 52 años, al precipitarse desde una altura de cinco metros y medio. El fiscal ha pedido este jueves seis años para los tres procesados, dos para cada uno, por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y homicidio imprudente. El juicio se ha celebrado en el Juzgado de lo Penal 1 de Vía Alemania.

Los hechos que se han enjuiciado este jueves ocurrieron a primera hora de la tarde del 24 de enero de 2019 en el Aeropuerto de Palma. Uno de los ahora encausados le mandó al fallecido que fuera con otro trabajador a realizar el saneamiento de bandejas portacables eléctricos y de telecomunicaciones, que se cruzaban perpendicularmente.

Dichas bandejas discurrían sujetas al techo de la planta en medio de las dos cintas transportadoras de equipajes. Estaba situada a una altura de 1,90 metros. Esto exigía a los trabajadores que se subieran a estas cintas, que sobresalían del forjado.

En su escrito, el fiscal ha hecho constar el elevado «riesgo de caída hacia el piso inferior de más de cinco metros». El ministerio público ha resaltado que para afrontar esa tarea con garantías había que «instalar una pasarela entre las cintas transportadoras, usar arnés de seguridad e instalar una línea de vida y punto de anclaje seguro».

El fatal accidente laboral se produjo cuando Salvador Cervero se encontraba a dos metros y medio de distancia del forjado. Mientras utilizaba un taladro-atornillador, se desequilibró y se precipitó por el lateral derecho desde una altura de cinco metros y medio. El trabajador falleció en el acto tras el violento impacto contra el suelo debido a un shock traumático-hipovolémico.

La acusación pública ha insistido en que esta muerte se podría haber evitado de haber colocado una barrera física, que impidiese el acceso al lugar donde se encontraba el trabajador. Tampoco se señalizó la prohibición de acceder a las cintas transportadoras. Su anchura era de apenas un metro, la protección lateral de apenas 25 centímetros y la caída por los laterales superaba los cinco metros.

Cúmulo de irregularidades

El fiscal ha sustentado también su acusación en que uno de los procesados ordenó cambiar la zona de trabajo «sin verificar la adecuación o no de las medidas de seguridad», ha subbrayado. El representante del ministerio público ha hecho especial hincapié en que no se preocuparon de si el trabajador llevaba puesto o no el arnés y si este se encontraba correctamente asegurado.

En términos similares al fiscal se ha pronunciado un inspector de Trabajo durante su comparecencia en la sala. Este funcionario ha ido desglosando un presunto cúmulo de irregularidades que desembocaron en el fatal resultado: la muerte del trabajador de 52 años.

Con carácter previo a la celebración de la vista, la familia del trabajador fallecido retiró su personación en la causa como acusación particular. Las aseguradoras les indemnizaron con la suma de 142.793, 90 euros y abandonaron el proceso.