La defensa de Constantin Dumitru, uno de los dos acusados por el robo millonario de Atrio, ha solicitado al juzgado de Madrid que pueda declarar desde la cárcel de Cáceres en el juicio en el que debe comparecer el 18 de octubre. De esta forma, su abogada también en esta causa, Sylvia Córdoba, asegura a este diario que ha requerido al Juzgado de lo Penal número 8 que Dumitru no sea trasladado y sea interrogado a través de videoconferencia.
En esta causa, también relacionada con el robo de botellas de lujo, se sienta en el banquillo como principal acusado de sustraer un whisky de 6.000 euros de una licorería en el barrio de Salamanca. Esta imputación, que se suma a la del mediático caso, es anterior a los presuntos hechos en Atrio.
En el caso del hotel cacereño, la acusación pide para él una condena por un delito de robo con fuerza en las cosas tipificado con un máximo de seis años de prisión. En esta causa anterior, le piden también una condena de cárcel pero por un delito de hurto. El Código Penal contempla penas de hasta 18 meses de cárcel en el caso en el que objeto robado supere los 400 euros, un supuesto que rebasa sobradamente, y no existan más agravantes. La diferencia entre ambos delitos es que no se usa la fuerza ni la intimidación.
De esta forma, si el juzgado admite el requerimiento de la defensa, Dumitru no tendrá que moverse de la cárcel cacereña, centro penitenciario en el que se encuentra junto a Priscila Lara Guevara, la segunda acusada en este mediático robo, desde que fueran trasladados a Cáceres para ser interrogados a principios de agosto.
Los dos presuntos autores fueron detenidos seis meses después de que se produjeran los hechos, en octubre de 2021 tras un seguimiento policial en Europa. Fueron localizados cuando intentaban cruzar la frontera de Croacia en julio. El juzgado pidió su traslado a España, que se produjo dos semanas más tarde. Tras aterrizar en Madrid fueron trasladados custodiados por la Policía Nacional hasta los juzgados de Cáceres, donde fueron interrogados. Horas más tarde, la jueza decretó su ingreso en prisión provisional sin fianza argumentando el alto riesgo de fuga.
La defensa recurrió el dictamen pero finalmente la Audiencia Provincial resolvió de forma favorable al juzgado y los ha mantenido en prisión con un alegato en los mismos términos.
