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Entrevista

Rufino Arco, policía nacional: "En la muerte de Samuel Luiz hay tres indicadores de delito de odio"

Arco fundó LGTBIPol en 2016, una agrupación de agentes de seguridad españoles por la diversidad

Rufino Arco.

Rufino Arco es policía nacional desde 2008, y en 2016 fue de los fundadores de LGTBIPol, una agrupación de agentes de seguridad españoles por la diversidad. A las 18.00 horas del martes 24 participará en una mesa redonda en el Ágora, en la que debatirá sobre los delitos de odio en el ordenamiento legal español con otros profesionales del derecho, la psicología y las fuerzas policiales.

¿Por qué crean LGTBIPol?

Vimos que había un espacio vacío, de desconocimiento, entre el colectivo LGTBI y las fuerzas policiales. Queríamos acercar los dos mundos, que no están tan separados como mucha gente piensa: formar a la policía para que conozca más la realidad LGTBI y dar un mensaje de confianza al colectivo en relación a las fuerzas de seguridad.

¿Qué cuerpos están representados en la asociación?

Hay guardias civiles, policías nacionales, autonómicos y locales. Para ser socio hay que ser de uno de los cuerpos, aunque la persona no tiene por qué ser LGTBI. Somos unos 120 miembros.

En la charla hablarán de delitos de odio.

La regulación empezó en 2014, en base a cosas que Europa iba pidiendo. Una vez que se crea la normativa, se crea también un protocolo para guiar a las policías y la Guardia Civil. En 2015 se modifica el Código Penal.

¿Qué es un delito de odio ahora mismo, en la legislación?

Engloba varias cuestiones diferentes. Por un lado están los delitos en los que se ataca a los derechos humanos y que se corresponde en el Código Penal, formalmente, con el de discriminación a colectivos vulnerables. Ahí está el LGTBI, pero también puede ser por raza...

Pero también se puede entender como delito de odio una agresión u otras acciones.

Exactamente, es una agravante genérica, que se puede aplicar a cualquier delito común.

¿Y cuáles son las condiciones en las que se aplica? El caso de Samuel Luiz, por ejemplo, ¿se correspondería con uno?

Que sea delito de odio se determina en base a diferentes indicadores, once o doce, que están en el protocolo. Esa percepción la aplican los jueces cuando van a determinar el delito, pero la policía puede también servirse de esos indicadores. Si existen uno o dos, el policía tiene la obligación, según el protocolo, de iniciar el caso como delito de odio. Luego el juez puede decidir que no es así, por falta de pruebas o por falta de justificación.

¿Puede poner algún ejemplo de estos tipos indicadores?

Sí, los que tenían aplicación en el caso de Samuel Luiz. Uno de ellos es que haya expresiones relativas al colectivo vulnerable. Que se diga maricón mientras está sucediendo el delito ya es un indicador. Otro es que la víctima, o testigos presenciales, perciban que ese delito es por eso. Por eso es tan importante la declaración de las amigas de Samuel, que apuntaban a eso. Simplemente por esa percepción, ya debería empezarse la investigación como delito de odio. Otro es que suceda en una fecha particular. En este caso, la inmediación del Día del Orgullo.

¿Qué debería hacer víctima de un delito de odio?

Desde 2015 se da la posibilidad de ir acompañado a la comisaría. Nuestro consejo es que contacten con alguna asociación LGTB y se hagan acompañar; nosotros intentamos hacerlo desde Madrid. El acompañamiento va a facilitar interactuar con la policía, ser más conscientes de los indicadores y de qué derechos tienen. Conocer los indicadores es también ir con los deberes hechos.

¿La formación en estos temas ya es generalizada en los cuerpos?

Es un problema estructural. La Policía Nacional forma en el acceso y en los ascensos, con temarios actualizados en este tema. Pero los que ya entraron y deciden no ascender son muchos, y llegar a ellos cuesta más trabajo. Interior tiene una oficina muy interesante de lucha contra los delitos de odio y ha iniciado esa formación, pero es un proceso lento. Y lo mismo en la Guardia Civil.

¿Hay un perfil de agresor y víctima de LGTBIfobia?

La estadística está aún en pañales; empezó a hacerse de manera significativa hace dos o tres años, y tenemos datos de delitos de odio e general, no LGTB. Pero el perfil es bastante parecido. Los agresores suelen ser varones de entre 20 y 30 años; la persona agredida es más diversa.

¿Por qué jóvenes?

Se suelen cometer en entornos de socialización, si bien dejando fuera los delitos de odio en redes.

¿Hay comparaciones entre España y otros países?

Los métodos estadísticos son muy diferentes. En todos los países se ve un incremento, pero como mejora la forma de analizar y se están visibilizando los delitos de odio, no sabemos si aumentan los casos o su visibilización.

¿Qué es lo más frecuente?

Las ofensas verbales.

¿Los casos se contabilizan de manera correcta?

Los estudios de LGTBIfobia sobre las víctimas indican que no denuncian. El nivel de infradenuncia está por el 85 o el 90%. Los datos no están desagregados y no se podría decir cuántos, por ejemplo, de agresiones, pero el nivel es muy parecido. Que la policía aún no esté al 100% hace que una persona que no tiene muy claro qué es un delito de odio y que lo quiere denunciar se vaya a retrotraer, y puede omitir detalles necesarios para poder detectarlo. Lo más importante es generar confianza en la policía, que esta esté formada y concienciar para que las víctimas sean conscientes de que lo son.

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