Treinta y cinco personas han sido detenidas en 21 registros en la Región de Murcia, Almería y Málaga en los que la Guardia Civil se ha intervenido de 15 toneladas de hachís, informa este cuerpo.

La Operación Abfall, iniciada en 2020, ha logrado desarticular dos organizaciones criminales después de los registros policiales efectuados en La Unión y Cartagena (Murcia), Almería y Roquetas de Mar y en los municipios malagueños de Torrox y Nerja, donde se ha intervenido además de la droga, 2 embarcaciones, 14 vehículos, 5 armas y munición, terminales telefónicos y de rastreo, más de 100.000 euros y abundante documentación.

Los detenidos pertenecen a dos organizaciones asentadas en Almería y Málaga que contaban con personal y medios altamente especializados y que organizaban envíos marítimos de grandes cantidades de hachís hasta Murcia.

La investigación se inició a raíz de tres intentos fallidos de arribada a costa de varias embarcaciones con hachís a la bahía de Portman (Murcia). En dichos intentos, la Guardia Civil llegó a localizar en esa playa hasta un total de 91 fardos de hachís, supuestamente fondeados intencionadamente por los narcotraficantes, que salieron a flote por un fallo en los sistemas de anclaje al fondo marino.

Tras esas tentativas de alijo la Guardia Civil detuvo en octubre último a 9 personas, escondidas en una zona de monte próxima, donde supuestamente se mantenían ocultas a la espera de materializar la descarga de los fardos.

En el lugar, también se localizó un furgón de origen belga, con placas de matrícula falsas, con más de tres mil litros de combustible del empleado para embarcaciones, todo lo cual resultó intervenido.

La batida realizada en la zona culminó con el hallazgo por parte de los agentes de un estratégico punto de vigilancia, rodeado de abundante vegetación, desde el que mantenían el control de cualquier acceso de vehículos a la zona. He dicho lugar, los agentes hallaron un machete de grandes dimensiones y un teléfono móvil enterrado, cuyo posterior análisis resultó clave para la investigación.

Los agentes establecieron un dispositivo de seguimiento e identificación de cada uno de los miembros de las organizaciones criminales asentadas en las provincias de Almería, Málaga y Murcia.

El grupo criminal asentado en la comarca murciana del Campo de Cartagena prestaba sus servicios a las organizaciones de Almería y Málaga y que, aunque diferenciadas, contaban ambas con una gran capacidad financiera y experiencia en el narcotráfico, canalizando sus ingresos a través de negocios legales, vinculados al ocio o la agricultura.